La declaración de la emergencia económica al tiempo que se declaraba el comienzo de la vacancia judicial, dio lugar a una interesante controversia jurídica, como en los mejores tiempos, que muestra la persistencia del apego de los colombianos por su sistema jurídico.
Que en plenas fiestas navideñas, y con noticias muy preocupantes sobre el orden público, el asunto de si la Corte Constitucional podría reunirse durante el periodo de vacaciones para considerar la constitucionalidad de la declaratoria de la Emergencia, y luego la de los decretos que se dictarán, muestra una vez más que realmente vivimos bajo la vigencia de un Estado de Derecho y que esta es una fortaleza muy propia de Colombia, que explica buena parte de su estabilidad y de la confianza que inspira a inversionistas nacionales y extranjeros.
Y que la propia Corte Constitucional hubiera llegado a la conclusión de que lo correcto era esperar a una fecha hábil para entrar a ejercer su jurisdicción, es una evidencia muy admirable de la manera como el Poder Judicial, interpreta su autonomía y reconoce los límites de sus facultades constitucionales.
Es así como durante siglos, hemos venido construyendo una tradición jurídica que ha resistido algunos desafíos o intentos de interferencia o de obstrucción. Y decisiones controvertidas contribuyen a enaltecer esa importantísima virtud de nuestro sistema político.
Así ganan respetabilidad y credibilidad las decisiones del Poder Judicial. Resulta evidente para la ciudadanía que sus interpretaciones no son acomodaticias, no responden a coyunturas políticas que se pueden estimar como favorables a una determinada decisión, sino que existe una valiosa concepción de cómo interpretar el derecho aún en circunstancias que podrían aconsejar otro tipo de decisiones. Es así como la confianza y la credibilidad en las decisiones de nuestras más altas cortes renuevan y fortalecen la legitimidad de unas instituciones que son claves para la mejor supervivencia del sistema político.
Y lo que habría podido ser una controversia interminable, se resolvió muy rápidamente. Son circunstancias como estas, las que nos permiten apreciar en todo su valor, la independencia del Poder Judicial y la sabiduría de sus decisiones, aún las más complejas. Es un activo que no todas las sociedades pueden exhibir. Por fortuna, Colombia se da el lujo, una y otra vez, de reafirmar la seriedad y la coherencia que caracterizan sus más altos tribunales. Y ello es mucho más notorio y significativo cuando la controversia sobre la respectiva materia es significativa.
El Poder Judicial ha demostrado su fidelidad al espíritu de la Constitución, y a las trascendentales consecuencias que en casos como el que estamos comentando tienen sus decisiones. No son muchos los países que pueden vanagloriarse de un comportamiento judicial como el que Colombia puede reclamar como una de sus principales fortalezas. Ojalá la ciudadanía así lo perciba y así lo valore.