Al igual que en el sector de la salud, una de las obsesiones de Petro es acabar con las empresas del sector eléctrico a las cuales les empezará a llegar su intervención por la vía del no pago. Se trata de una estrategia deliberada para asfixiarlas, intervenirlas y liquidarlas. El Presidente espera poco a poco ver cumplido su sueño de estatizar los servicios de electricidad y de gas.

La ideología de Petro le impide aceptar la presencia de empresas de capital privado prestando servicios públicos. Pero estas empresas perdieron su capacidad de seguir financiando a un gobierno informal y palabrero que no cumple con los pagos de los subsidios, poniendo en juego su sostenibilidad.

Hace ya un tiempo que el país dejó de ser autosuficiente en gas natural por la ausencia de medidas correctivas. Resulta deplorable que, a pesar de las alertas, la administración Petro se haya negado durante meses a reconocer la existencia de un déficit. Actualmente, debemos atender la demanda interna con importaciones costosas.

En lugar de promover la búsqueda de nuevas reservas en el territorio continental del país, el sector de los hidrocarburos se ha enfrentado a una posición hostil por parte del gobierno. A lo anterior hay que agregar los permisos ambientales y las consultas a las comunidades que aplazan el inicio de los proyectos.

Nunca se había visto un gobierno decidido a socavar nuestra seguridad energética. Todo debido a la decisión absurda de no volver a firmar, durante mucho tiempo, ningún contrato de exploración de petróleo y de gas. Como resultado, se ha tenido que importar gas natural, lo que seguramente se tendrá que hacer durante por lo menos cuatro años.

Lo cierto es que a la industria del gas le llegó también la asfixia financiera y las acusaciones de acaparamiento, especulación y altas tarifas que justifican, según el gobierno, la intervención, los allanamientos a empresas y finalmente la estatización del sector energético.

Se necesita una política de Estado frente al sector del gas. No más improvisación. No más guerra al sector privado. Las cifras más recientes de producción de gas natural ratifican el preocupante momento que atraviesa este energético. Ya el daño está hecho. Lo previsible es que el gobierno seguirá con su equivocada política de asfixiar a este sector. El populismo de Petro está destruyendo uno de los pocos sectores que por décadas han aportado al desarrollo económico y social del país.

Además de lo anterior, la industria carbonífera sufre permanentes ataques regulatorios que buscan prohibir la actividad con efectos muy graves sobre la confianza inversionista en una industria donde se requieren inversiones millonarias en una perspectiva de largo plazo. El rechazo de Petro y su gobierno a la exploración de hidrocarburos continúa infligiendo un daño incalculable a un sector económico crucial para las finanzas públicas y el desarrollo regional.

En varias ocasiones, los gremios de la energía y el gas han alertado al ejecutivo sobre los graves riesgos para la sostenibilidad de estos servicios públicos fundamentales que implican las deudas no pagadas a tiempo por el gobierno nacional a las empresas prestadoras. El presente y el futuro de los hidrocarburos en el país no son buenos. Son urgentes una serie de medidas que dinamicen el sector energético y mejoren sus perspectivas futuras.