Lo sucedido con el asesinato de ciudadanos inocentes en el Norte del Cauca es totalmente injustificable y rechazable. Es un ejemplo de eventos que también acontecen en otras regiones del país, en territorios urbanos y rurales, incluyendo las principales ciudades capitales. En los últimos 10 años, hemos presenciado un cambio significativo en la criminalidad que domina en el país. Se trata de una criminalidad cada vez menos política, que no persigue el cambio del régimen. Es cierto, sin embargo, que busca el control del territorio y de las poblaciones locales, especialmente donde se mueven recursos económicos importantes que pueden provenir del tráfico de narcóticos, pero también y crecientemente, de la explotación del oro y de metales hoy significativos como el coltán. Es una criminalidad que busca también penetrar el Estado local, departamental, o nacional, en buena medida por los procesos electorales, para obtener apoyos políticos y permisividad para sus acciones de lavado de dinero, contratos y camuflaje en la economía tradicional. Es una criminalidad que, al buscar dominio sobre la población circundante, encuentra en ella, ya sea ‘apoyo’, o bien ‘acomodo’ para poder subsistir, o ‘resistencia’ más o menos activa. La violencia se ha usado reiteradamente en este contexto, pero es necesario hacer algunas precisiones: la violencia homicida ha venido disminuyendo, en favor de una violencia vinculada con la propiedad, con las lesiones personales, con las amenazas, con la extorsión y el secuestro. En el caso de la violencia letal, las modalidades más ostensibles son las masacres, el sicariato y los atentados terroristas. Pero, ¿quiénes son las principales víctimas y porqué?
Desde la perspectiva de los sectores sociales locales, cuando hay ‘apoyo’ al grupo criminal, la violencia puede reducirse. Se hacen ‘limpiezas’ que recaen en ladrones y jóvenes que no cumplen los pactos del tráfico ilícito de mercancías. Cuando hay ‘acomodo’ pueden presentarse amenazas y asesinatos contra líderes que muestran insatisfacción. Cuando hay ‘resistencia’ se presentan formas de terrorismo que afectan sectores de la sociedad local y buscan infringirles miedo. También asesinatos a líderes opositores. Puede presentarse también violencia por competencia entre organizaciones criminales por el dominio del territorio. Desde la perspectiva del Estado y de sus Fuerzas Armadas, creo que ciertamente hay ambigüedad en el tratamiento al crimen organizado, pero no se puede afirmar, por lo menos en el Norte del Cauca, que han perdido terreno en su lucha contra el crimen. Esto se puede demostrar por los enfrentamientos terroristas del crimen organizado contra estaciones de Policía, o destacamentos del Ejército, que, por el otro lado, muestran capacidad de reacción, control parcial del territorio, detención o muerte de cabecillas. Se ataca así prioritariamente a las Fuerzas Armadas, pero las organizaciones del crimen también buscan penetrarlas.
¿Cuál es la Política de Seguridad a seguir en estas circunstancias? Si fracasó la Paz Total, es pertinente conocer las razones. Lo que hay sobre el tapete, en las campañas a la Presidencia, no es muy claro al respecto. No hay una crítica razonada de fondo, ya sea a la política de Paz Total, o a la de Seguridad Democrática. Crítica que permita retomar las enseñanzas del pasado y proyectarse con un planteamiento novedoso al futuro. Se puede interpretar que para formular una Política de Seguridad se requiere, según el candidato, ya sea reformular la Paz Total (Cepeda), o bien actualizar la Seguridad Democrática (Valencia), o bien enfrentar con toda la fuerza, incluso vulnerando los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, al crimen organizado y a quienes supuestamente lo apoyan (De la Espriella). Falta apoyo conceptual académico para una nueva Política de Seguridad. .