Cuando llega el fin del año escolar, es natural que surja una variedad de reflexiones entre docentes. Conversando hace unos días con una amiga psicopedagoga sobre un caso particular que estábamos analizando, me dijo algo que no he podido olvidar: “los colegios no pueden predicar ser más diversos solo porque reciben más niños neurodivergentes; la diversidad también depende de los sistemas establecidos dentro de la institución para sostener y apoyar esas mismas características.”

Este comentario tan lleno de verdad me tocó fibras profundas, seguramente porque la mayor parte de mi trabajo en instituciones educativas ha sido precisamente con poblaciones infantiles neurodivergentes.

Para entrar en contexto, la neurodivergencia describe a las personas que piensan, aprenden, perciben o procesan la información de manera diferente a lo que se considera típico o estándar -neurotípicos-. Representa en palabras simples, la diversidad cognitiva, conductual y socio-emocional.

Me quedé pensando en la brecha abismal que existe en Colombia entre las políticas públicas y la realidad de la atención a la diversidad en las instituciones educativas. Entonces, ¿qué sucede cuando la práctica educativa no refleja lo que la norma promete? Los niños no reciben la educación y el apoyo que necesitan para triunfar.

Trabajar en instituciones educativas me ha permitido entender que la diversidad escolar no solo significa abrirle las puertas a todos los niños por buena voluntad o prometer atención a la diversidad porque es lo establecido por la ley. Por encima de todo, significa que la institución cuenta con la cultura, la infraestructura, la capacitación docente y los sistemas de apoyo necesarios para poder ofrecer una educación que nutra y sostenga realmente la neurodiversidad.

Colombia ha hecho un gran esfuerzo por mejorar el sistema educativo a través de diferentes políticas y normativas. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuenta con una variedad de programas de formación docente, como la Plataforma Colombia Aprende.

El Presupuesto General de la Nación cuenta con diferentes fondos de financiamiento que se distribuyen directamente a las regiones a través del Sistema General de Participaciones (SGP) para alumnos “registrados con una condición de discapacidad”, y además las Educación regionales cuentan con unos fondos “excedentes” destinados a la contratación de los Docentes de Apoyo Pedagógico o la compra de materiales/recursos pedagógicos.

Pero si miramos con lupa, ¿realmente veríamos reflejadas estás políticas dentro del aula? En mi experiencia sé que hay una pequeña cifra de colegios en el país en los cuales se ven reflejadas en un 100 %, pues la inclusión es una realidad tangible tanto dentro como fuera del aula.

Sin embargo, la cifra más alta es la de aquellas escuelas y colegios en los cuales estas normativas no se ven representadas, ni dentro ni fuera del aula. Esto sucede principalmente por insuficiencia de recursos de apoyo, fallas en las Secretarías de Educación regionales, docentes desbordados con aulas de 30-40 estudiantes, y falta de formación y capacitación profesional.

Y si le hacemos un poco más de zoom a ese aspecto, encontramos también una cifra importante de entornos escolares hostiles y segregadores para las poblaciones infantiles por situaciones que sobrepasan las normativas de inclusión; como el conflicto armado, el abandono estatal, la deserción escolar, el reclutamiento forzoso, y la corrupción.

Si bien el marco legal colombiano reconoce la inclusión educativa como un derecho fundamental, me resulta inevitable cuestionarme ¿cuánto de ese derecho se queda atrapado en el papel y cuánto se vive realmente en la práctica?

El derecho a una educación inclusiva no debería estar tan condicionado por el nivel socioeconómico y la ubicación geográfica. Nuestros niños no deberían estar sobreviviendo en un limbo educativo y nuestros profesores no deberían estar manifestándose cada trimestre por falta de apoyo y recursos fundamentales. Claramente algo no está funcionando.

Es hora de que este derecho fundamental no esté solo escrito en nuestra constitución, sino que realmente sea vivido por cada uno de nuestros niños y adolescentes, y nuestros docentes también.