Las dictaduras neocomunistas usurpan la democracia a través de procesos democráticos. Lo hacen lentamente, hasta que se toman todo. Empiezan con aparentes buenas maneras e intenciones y van escalando atrevidamente sus abusos. En este proceso de usurpación, nada resulta más importante que la censura a los medios privados y la captura de los medios públicos.
Pues bien, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en una comunicación abusiva e ilegal, pretendió invocar unas funciones de vigilancia relacionadas con la separación entre información y publicidad, cuando a cambio de dinero se beneficie a terceros con el contenido de las noticias o cuando existan intereses personales o familiares del operador en la información, sin la debida revelación. Con base en lo anterior, y sin motivación alguna, la CRC solicitó a los medios información sobre sus políticas editoriales y acciones preventivas para garantizar la imparcialidad, objetividad y veracidad; los documentos internos o guías para la producción y emisión de contenidos informativos; los procesos de decisión editorial, incluidos los soportes de las reuniones de los consejos editoriales que den cuenta de esas decisiones; y las medidas para separar información, opinión y publicidad.
Todo un exceso que encendió las alarmas en los medios privados, pues se interpretó como la cuota inicial de la censura. La CRC, al ver que metió la pata, dijo que la carta no era un acto administrativo de obligatorio cumplimiento, sino una invitación voluntaria. Tremenda desfachatez y descaro, sobre todo cuando la misiva anunciaba la adopción de medidas administrativas por incumplimiento.
Pero, como si esto fuera poco, la Rtvc —el sistema de medios públicos— de forma descarada se ha convertido en la caja de resonancia del régimen. Perdió cualquier atisbo de imparcialidad, pues actúa como vocero del Gobierno, además de fungir como caja menor para movilizaciones ciudadanas, cuando es una empresa estatal, administrada por servidores públicos y financiada con recursos públicos. Por ello, tiene el deber de informar de manera imparcial, garantizando además el pluralismo informativo, alejado de cualquier ideología política.
Por este desequilibrio informativo, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentó un requerimiento de información a RTVC, a través de un derecho de petición, no con el ánimo de censurar al medio, sino con el propósito de garantizar la independencia, veracidad y pluralismo del sistema de medios públicos y el uso correcto de los recursos públicos. De hecho, la Rtvc ha perdido objetividad, independencia y su enfoque cultural y educativo, para convertirse en un espacio partidista del Gobierno, mediante influenciadores, la participación de funcionarios en marchas convocadas por el Ejecutivo y la suscripción de convenios para actividades logísticas en dichas manifestaciones.
Cabe aclarar que los medios públicos son de la ciudadanía y no del Gobierno, por lo que el control ciudadano es razonable y no puede ser catalogado como censura, sino como un ejercicio de rendición de cuentas.
Así, este Gobierno, a través de la CRC y de la Rtvc, ha empezado la censura a los medios privados y la captura ideológica de los medios públicos, que deberían informar de forma imparcial y no estar al servicio de la ideología del Gobierno.
*El columnista es miembro de la Junta Directiva de FEDe. Colombia.