Kevin no debía morir

Kevin Arley Acosta tenía siete años. Siete. No era una estadística ni un expediente clínico. Era un niño que quería montar bicicleta, jugar, vivir. Tenía hemofilia A severa, sí, pero también tenía algo decisivo: un tratamiento profiláctico que, suministrado de manera regular, le permitía llevar una vida prácticamente normal.

Ese tratamiento dejó de llegar.

Durante cerca de dos meses, su familia buscó el medicamento que lo protegía de hemorragias internas. Insistieron. Reclamaron. Tutelaron. Esperaron. El sistema no respondió. Kevin siguió siendo un niño de siete años que hacía lo que hacen los niños. Un día cayó de la bicicleta. El sangrado fue grave. Murió.

No murió por montar bicicleta. Murió porque el sistema dejó de protegerlo.

En la medicina moderna, un niño con hemofilia no debería morir por una caída común si la profilaxis está garantizada. Ese es el punto. El accidente fue el detonante. La causa estructural fue otra: la ausencia del medicamento.

Y lo más inquietante vino después.

En vez de una autocrítica institucional clara, el debate se desplazó hacia la conducta de la familia. Se habló de restricciones, de actividades que debían evitarse, de riesgos asumidos. Como si el problema hubiera sido la bicicleta. Como si el problema hubiera sido la madre. Como si el problema no fuera que el medicamento no llegó.

Cuando el Estado falla, no puede empezar buscando culpables en la casa del paciente.

El corazón del caso no es médico. Es político y moral. Porque la pregunta de fondo es sencilla y brutal: ¿cómo es posible que un niño con una enfermedad conocida, tratable y controlable pase semanas sin recibir el medicamento que lo mantiene con vida?

Este episodio no ocurre en el vacío. Llega en medio de una crisis evidente del sistema de salud: deudas crecientes, tensiones financieras, retrasos en pagos, barreras administrativas y una transición incierta que ha concentrado millones de afiliados en entidades intervenidas sin capacidad suficiente. En ese desorden, quienes pagan el precio son los más vulnerables.

Kevin es el rostro de esa realidad.

El sistema colombiano no es perfecto. Nunca lo fue. Tiene fallas, inequidades y desafíos enormes. Pero durante décadas logró algo fundamental: que enfermedades graves como la hemofilia dejaran de ser una sentencia de muerte. Eso fue resultado de instituciones, protocolos y continuidad en la política pública.

Hoy esa garantía empieza a debilitarse.

Y cuando eso ocurre, el Estado no puede refugiarse en explicaciones. No puede diluir responsabilidades. No puede convertir el debate en un intercambio de culpas. Existe, precisamente, para garantizar que un niño reciba su medicamento a tiempo.

Un niño sin tratamiento durante semanas no es un detalle administrativo. Es una alarma.

Los gobiernos pueden impulsar reformas. Pueden cuestionar modelos, proponer cambios y defender sus tesis. Eso hace parte del debate democrático. Pero hay una línea que no se puede cruzar: justificar lo injustificable o insinuar que la tragedia se explica por decisiones familiares cuando el sistema falló.

Un país se mide en lo que ocurre cuando un niño necesita un medicamento esencial. No en discursos. No en narrativas. En resultados.

Kevin no debía morir. Y cuando empezamos a aceptar explicaciones en lugar de soluciones, lo que está en riesgo no es solo el sistema de salud. Es la confianza básica de los ciudadanos en que el Estado está para proteger la vida.