El disco rayado lo repiten sin cesar políticos, intelectuales y analistas: mientras no haya justicia social, no se podrá controlar la violencia. Desde el inicio de la historia se sabe que las sociedades profundamente desiguales son inestables y más propensas al conflicto. No hay que ser erudito para entenderlo.
Lo que muchos se niegan a examinar es el origen de esa injusticia. La explicación simplona —y electoralmente rentable— es siempre la misma: los ricos explotan a los pobres. Solución: ‘hay que cambiar el sistema’. El público aplaude y vota. Pero el cambio suele traducirse en más centralización del poder, más estatismo y menos libertad económica. El resultado, invariablemente, es más pobreza y más desigualdad.
La evidencia es incómoda pero sólida: los países más prósperos han construido su riqueza sobre una fórmula sencilla y exigente. Un Estado que garantice seguridad y justicia, que genere confianza y estabilidad, y que proteja una libertad económica real. No un simulacro lleno de regulaciones arbitrarias, privilegios para los cercanos al poder y corrupción disfrazada de sensibilidad social.
La concentración excesiva de poder es la verdadera incubadora de abusos. Por eso los sistemas que prometen redención mediante el control total terminan produciendo nepotismo, clientelismo y desigualdad más profunda. Ninguna sociedad ha eliminado por completo las diferencias, pero las cifras son incontrovertibles: en las economías basadas en la libertad económica, los sectores más pobres viven diez veces mejor que en los países atrapados en el espejismo del mal llamado progresismo.
El error conceptual es atar el progreso social —derechos civiles, laicismo, sostenibilidad ambiental— al intervencionismo económico. La intoxicación de poder deforma las mentes y empuja hacia prácticas que traicionan los valores que dicen defender.
Y escogen ignorar que en el mundo moderno no es la desigualdad la que genera violencia, sino la violencia la que destruye oportunidades, espanta inversión, corroe instituciones y fabrica pobreza. La criminalidad organizada, tolerada o enquistada en el poder, es una fábrica de injusticia mucho más eficaz que cualquier mercado imperfecto.
Seguir repitiendo el eslogan sin mirar la evidencia no es ingenuidad: es terquedad ideológica. Y esa terquedad, cuando gobierna, termina costando vidas.