El Tiempo, en su edición del 13 de abril de 2026, trajo una presentación muy preocupante sobre las 14 zonas de guerra de los grupos armados por el control de la coca y de la minería ilegal. Estaba basado en un Informe de la Fuerza Pública.

Los observadores tanto nacionales como extranjeros de nuestra reciente historia, se preguntan cómo es posible qué Colombia no haya podido lidiar con estos factores de violencia y que siga ofreciendo la existencia de varios grupos que ya no se sabe si calificar como guerrilleros o como narco guerrilleros o narcoterroristas.

No sé cuántos procesos de paz tuvimos en el Siglo XIX, que no fue, como lo demostró en varias ocasiones el historiador Malcolm Deas, un siglo plagado de guerras civiles. Contabilizó ocho y en sus totalidad tuvieron una duración de 14 años, o sea que predominó la paz.

Y en el Siglo XX se habla de ‘la violencia’ y luego de los grupos inspirados en doctrinas de izquierda, que más tarde fueron y siguen siendo financiados por una próspera economía ilegal, basada principalmente en el negocio de las drogas lícitas y en la minería ilegal y, claro está, no han faltado las amnistías e indultos y otros beneficios. Y el mapa de la presencia de estos grupos armados, viejos o nuevos o disfrazados con nuevas etiquetas.

Aparte del éxito logrado con ese gran acuerdo de paz que fue consensuado gracias al plebiscito de 1957, la situación parece ser igual o peor. No miremos las cifras que dicen representar el número de integrantes de estos grupos armados ilegales.

En el pasado, hubo una gran preocupación con la posibilidad de que los procesos electorales fueran interferidos por estos grupos y, finalmente, se llegó a la conclusión de que, aunque hubo intentos de coacción en algunos lugares, el proceso electoral se cumplió a cabalidad. Analistas extranjeros expresan su perplejidad ante el hecho continuado de que Colombia sea una democracia con violencia y que ese fenómeno se agudice o se alivie, pero que muestra la fortaleza de las instituciones democráticas, el coraje de los ciudadanos y su decisión de ejercer el derecho del voto aún en circunstancias muy difíciles.

Existe una amplia literatura sobre el tema que he revisado para colocar esta columna en un contexto histórico más amplio. Es apenas obvio que Paloma Valencia, por ejemplo, como candidata presidencial, reitere su enorme preocupación por los riesgos que correrían muchos votantes que entonces preferirían engrosar el número de abstencionistas, o que estarían expuestos a que su voto sea la expresión no de su voluntad sino la de una coacción que desde ya y con mayor vigor se aplicará el mismo día de las elecciones. Se conocen los municipios más afectados y así ocurrió en el pasado. Se sabe de los departamentos y territorios más expuestos...y la gran preocupación y hasta perplejidad es ante la ineficacia o negligencia total del Gobierno para impedir que el comportamiento electoral de los ciudadanos sea completamente libre y desprovisto de cualquier intimidación.

Todo parece indicar que el fenómeno es mucho más agudo que el que describen algunos autores para elecciones en otros momentos, y ya escuchamos preocupaciones internacionales por esta situación. Esta democracia afectada gravemente por la violencia genera al mismo tiempo que preocupación una particular admiración, pero observadores nacionales y extranjeros anhelan vehementemente que de una vez por todas Colombia se libere de esta interferencia de procedimientos intimidatorios en su proceso electoral.