Regresé a Cali después del terremoto.
No estuve aquí cuando la tierra se movió ni durante las horas más duras. Sería injusto afirmar que viví el miedo y la incertidumbre de miles de caleños.
Pero regresé y produce una profunda tristeza ver edificios agrietados, apartamentos desocupados y familias que aún no saben qué ocurrirá con el patrimonio construido durante toda una vida. Detrás de muchas puertas cerradas también hay consultorios, restaurantes, comercios y pequeños emprendimientos.
Las cifras dimensionan la tragedia. Al 30 de agosto, la Alcaldía reportaba 46.798 familias evaluadas y 32.882 reportadas en el Registro Único de Damnificados. Además, se habían realizado diagnósticos especializados a 1335 edificaciones, de las cuales 610 fueron clasificadas como no habitables.
El impacto económico también comienza a aparecer. En apenas 3,2 kilómetros cuadrados de las comunas 17 y 19 existen 5289 unidades productivas. Entre las 215 empresas reportantes en el Censo Único de Afectaciones al 24 de agosto, el 78,6 % señalaba una afectación grave o crítica y el 47,5 % no podía operar.
Pero después de contar los daños viene una pregunta más difícil: ¿por qué ocurrieron?
Cali tiene edificaciones de distintas épocas, construidas bajo normas diferentes y sobre suelos cuyo comportamiento varía entre sectores. Para cada edificación severamente afectada debería responderse una pregunta fundamental: **¿el edificio se comportó como debía?**Responderla exige mucho más que contar grietas.
Un edificio formal es el resultado de una cadena de decisiones y controles. Alguien estudió el suelo, alguien diseñó, alguien revisó, una curaduría urbana estudió el proyecto y expidió una licencia, alguien construyó y, cuando correspondía legalmente, alguien realizó la supervisión técnica independiente. Debemos reconstruir esa cadena.
¿Qué curaduría licenció cada edificación severamente afectada? ¿Bajo qué norma? ¿Qué estudios de suelo y diseños se presentaron? ¿Quién diseñó, revisó, construyó y supervisó? ¿Lo construido correspondía con los planos aprobados? ¿Hubo modificaciones posteriores?
No afirmo que alguno de esos actores haya incumplido sus obligaciones. Precisamente por eso hacen falta peritajes. Si el problema estuvo en el suelo, debemos saberlo. Si estuvo en el diseño o en la construcción, también. Y si el edificio respondió como debía frente a la intensidad del sismo, debemos decirlo con la misma claridad.
Cali necesita pasar del censo de daños al censo de causas. Y para que ese ejercicio tenga verdadero valor público, sus datos deben ser abiertos.
Cada edificación severamente afectada debería tener una ficha que permita conocer su año de construcción, uso, norma aplicable, licencia, curaduría, diseñador, revisor, constructor, supervisor técnico cuando correspondiera, modificaciones posteriores, tipo de daño y conclusión del peritaje.
Pero no basta con publicar informes en PDF ni presentar balances periódicos o comunicados de prensa. Los datos deben estar disponibles en formatos abiertos, descargables y analizables, con las salvaguardas necesarias para proteger información personal. Una base de datos pública permitiría que universidades, asociaciones de ingenieros, investigadores, periodistas y ciudadanos puedan contrastar los resultados y realizar análisis independientes.
No partimos de cero. La Ley 1796 de 2016 dispone que, en los proyectos sujetos a supervisión técnica independiente, las actas de supervisión y la certificación técnica de ocupación sean de público conocimiento. Cali debería llevar ese principio de transparencia mucho más lejos.
Con datos abiertos podremos responder preguntas que hoy solo podemos formular. ¿Los daños severos se concentran en determinadas antigüedades, suelos, alturas o sistemas constructivos? ¿Por qué edificios cercanos tuvieron comportamientos diferentes?
Y una pregunta más incómoda: ¿aparecen repetidamente determinadas constructoras, diseñadores, supervisores o curadurías entre las edificaciones severamente afectadas?
Una repetición no demostraría responsabilidad. Para establecer si existe una asociación real, habría que considerar, entre otras variables, cuántos proyectos realizó cada actor, su antigüedad, localización, características estructurales y exposición al sismo. Precisamente por eso necesitamos los datos.
Los datos abiertos permiten pasar de la sospecha a la evidencia, de la anécdota al patrón y del señalamiento al análisis.
También permitirían algo todavía más importante: aprender. Si encontramos características asociadas sistemáticamente con determinados tipos de daño, esa información puede servir para identificar otras edificaciones vulnerables antes del próximo terremoto. El censo de causas no debería limitarse a explicar lo ocurrido; debería ayudarnos a reducir el riesgo futuro.
El terremoto puso a prueba los edificios de Cali. Ahora corresponde poner a prueba —y de cara a la ciudad— el sistema que los diseñó, revisó, licenció, construyó y supervisó.
Abrir los datos es la manera de hacerlo. Ese debe ser el propósito del censo de causas.