La espuria reforma pensional que puso a sufrir a los colombianos

Una Reforma Pensional debería dar certeza sobre el futuro e indicarle al trabajador qué esperar de la vejez, bajo qué reglas y con qué garantías. Sin embargo, después de dos años de debates y demandas, Colombia sigue atrapada en la incertidumbre, ya que, aunque la Corte Constitucional avaló la mayor parte del texto aprobado, decidió devolver (por segunda vez) algunos artículos al Congreso. Algo inédito que se agravará si tenemos en cuenta que todavía hay un centenar de demandas sin resolver. Muchas de las cuales se estudiarán recién en la primera mitad del 2027.

Por eso, durante la discusión advertí que no se podía aprobar una reforma de semejante magnitud sacrificando deliberación, publicidad u otros principios democráticos. También alerté que había preguntas sin resolver por parte del gobierno y los ponentes en materia de sostenibilidad, cobertura y protección para las nuevas generaciones (principales víctimas de la propuesta), pero no fui escuchado por las mayorías que se plegaron ante dádivas que hoy son objeto de investigación judicial y que terminaron en la detención de los presidentes de la Cámara y el Senado.

No en vano acudí a la Corte tan pronto la Pensional fue aprobada por el Legislativo, al igual que lo hicieron decenas de personas que alegaron razones tanto de forma como de fondo, porque las irregularidades fueron muchas y hay fundamento para tumbar ese esperpento.

No escribo esto para decir que los cambios son innecesarios ‘per se’. Al contrario, como congresista insistí en la necesidad de corregir las enormes desigualdades derivadas del sistema pensional actual. Pero sigo convencido de que el problema central es la informalidad. Especialmente en un país rankeado como el 6to más informal, con una tasa superior al 54,5 %. Ni hablar del desempleo estructural o las personas que no logran cumplir con el pleno de los requisitos.

En otras palabras, no basta con cambiar las reglas de quienes sí aportan. Aquí lo que corresponde es desmontar barreras de acceso y entender que la mejor Reforma Pensional es una Reforma Laboral que realmente promueva la formalidad y que genere las condiciones para que el mercado ofrezca más oportunidades de calidad.

En Colombia hay un principio que no deberíamos perder de vista: la solidaridad. El terremoto nos recordó que, cuando una sociedad enfrenta una situación crítica, el Estado debe actuar con rapidez para proteger al mayor número de personas. Esa misma lógica debería orientar políticas más amplias, porque la solidaridad no puede limitarse a las coyunturas, debe traducirse en instituciones capaces de ayudar a la ciudadanía, particularmente cuando se trata de personas de avanzada edad o de jóvenes que están pensando en el mañana.

En cualquier caso, necesitamos trabajar cobertura sin sacrificar sostenibilidad. Y necesitamos entender que las pensiones van de la mano del trabajo y exigen tanto estabilidad por parte de los empleadores como constancia de los empleados.

Además, es reduccionista centrar la discusión en la naturaleza del sistema (si público, privado o mixto); lo relevante es analizar si el modelo de pilares funcionará en un escenario de inversión de la pirámide demográfica, donde la natalidad acumula caídas del 30 % durante la última década y donde se proyecta que para 2050 uno de cada cinco colombianos tendrá más de 65 años. Lo que requiere preguntarnos si la Ley Petrista tendrá vocación de permanencia o si es otro embeleco del estilo del Ministerio de la ‘Igualdad’.