No porque fuera esperado, les resultó menos duro. La reelección presidencial indefinida aprobada en El Salvador aleja el regreso de decenas de defensores de Derechos Humanos, periodistas, abogados y ambientalistas que se exiliaron para evitar la cárcel.
Cuatro de ellos hablan de una “escalada represiva” del presidente Nayib Bukele contra críticos de su gobierno, a quienes acusa de “tergiversar” y “manipular” desde la izquierda.
Unos 80 se exiliaron en los últimos cuatro meses, según activistas y defensores de los Derechos Humanos.
Popular por su “guerra” contra las pandillas, Bukele, presidente desde 2019, controla todos los poderes estatales y se autoproclama “dictador cool”.
La defensora de DD. HH.
Lleva su brazo izquierdo vendado. Poco después de salir con sus niños de 9 y 11 años por la frontera con Guatemala, fue operada de un tumor en México, donde están refugiados.
“Puse primero mi salud, mi libertad y mis hijos”, dice Íngrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico, que asiste a familiares de presos en El Salvador. La Policía rondaba su casa “dos veces por semana”, relata.
Aguantó hasta que un amigo de la Fiscalía le avisó que estaba en una lista de once personas a ser detenidas. “No tuve opción… por el amedrentamiento y el temor a morir presa sin tratamiento médico. Tomé algo de ropa y salí como pude”, dice a sus 43 años, quien ha dedicado su vida al activismo humanitario.
Férrea crítica del régimen de excepción impuesto por Bukele en 2022 como parte de su “guerra” antipandillas, denuncia que entre las 88.000 personas detenidas hay “miles de inocentes” y que 433 han muerto en prisión.
Socorro Jurídico aún trabaja en El Salvador, pero el equipo está en “alto riesgo”, lamenta.
“Consolidar la dictadura pasa por meter presos a defensores de Derechos Humanos para callarlos”, afirma Escobar. “No existe tal dictadura cool”.
El abogado
Ruth López ya estaba en pijamas cuando llegó a detenerla la Policía la noche del 18 de mayo. La abogada, que dirigía la unidad anticorrupción de la ONG humanitaria Cristosal e investigaba casos a nivel gubernamental, fue acusada de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía afín a Bukele.
Su arresto fue un parteaguas. Un mes después, su colega René Valiente, jefe de investigaciones, se exilió con otros 20 activistas de Cristosal. “Había ataques en redes sociales, estigmatización de nuestra labor, seguimiento de los cuerpos de seguridad”, enumera el abogado de 39 años desde Guatemala.
Un abogado constitucionalista y otro ambientalista también fueron detenidos en mayo y junio, y entró en vigencia una “ley de agentes extranjeros”, como las de Nicaragua, Venezuela y Rusia, para controlar las ONG y cobrarles impuestos por el 30 % de sus fondos.
Junto a López, Valiente asesoraba a distancia a familias de los 252 venezolanos deportados por Washington que estuvieron cuatro meses en la megacárcel que construyó el Mandatario salvadoreño para pandilleros.
“Ejerce represión porque tiene la validación de EE. UU. y minó controles y contrapesos democráticos. Trabajaremos desde aquí por un país que no tenga que decidir entre seguridad o derechos”, dice Valiente.
El periodista
Aún tiene sus maletas hechas porque desde Guatemala busca asilo en otro país. Jorge Beltrán, de 55 años, salió de El Salvador el pasado 14 junio “totalmente destruido”, sin su esposa e hijos.
“Estoy emocionalmente mal. Pero en El Salvador ya no es seguro ejercer un periodismo libre y crítico”, dice en la pequeña habitación que renta.
Periodista desde hace 23 años, Beltrán es uno de los 47 comunicadores que se exiliaron en los últimos meses, según la asociación gremial Apes.
Desde El Diario de Hoy, relata, denunciaba a “funcionarios de Bukele corruptos y violaciones a Derechos Humanos”.
Una labor nada fácil, agrega, porque el Gobierno “cerró el acceso a documentos públicos”.
Decidió salir cuando personas cercanas al poder le advirtieron que estaba en la mira de la Policía. “Es un trago muy amargo”, asegura. Y la reelección indefinida “borra la esperanza de regresar en pocos años”.
Aunque ahora no tiene trabajo, piensa crear un sitio digital para informar desde afuera lo que pasa en El Salvador: “Voy a estar alejado, pero no callado”.
La ambientalista
Cuando el Congreso controlado por Bukele levantó la prohibición de la minería metálica en diciembre de 2024, muchos salvadoreños salieron a protestar.
Amalia López, de 45 años, no podía faltar. Líder ambientalista desde hace una década, abandonó su país en abril pasado, tras ayudar a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la minería.
“Me sentía vigilada. Pensaba resguardarme, que bajara la presión y regresar, pero ya no estoy segura allá”, dice en Costa Rica.
En mayo, fue detenido un defensor ambientalista y un líder comunitario que protestaban con campesinos cerca de la residencia de Bukele.
“Con una fuerza militar y política tan avasallante, no podemos hacer mucho”, afirma López, también defensora del derecho de las comunidades al agua y la tierra, amenazadas por “grupos económicos poderosos”. Todo ese trabajo y sus afectos “quedaron allá”. “Con la reelección, un regreso pronto es imposible. Ahora es una realidad cada vez más lejana”, se resigna.