¿Quiénes son los beneficiarios del nuevo plan de España de regularización de migrantes?

El reciente anuncio del Gobierno de España sobre una nueva regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros continúa generando reacciones dentro y fuera del país.

La iniciativa, presentada oficialmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, marca un giro relevante en la política migratoria española y busca dar respuesta a una realidad social que afecta a cientos de miles de personas que residen en el territorio europeo sin una situación administrativa definida.

El proyecto, que ya entró en fase de audiencia pública para recibir observaciones y aportes ciudadanos, tiene como objetivo principal otorgar seguridad jurídica y garantizar derechos fundamentales a quienes ya forman parte activa de la sociedad y de la economía española.

La propuesta contempla la posibilidad de acogerse a este proceso tanto para personas en situación administrativa irregular como para solicitantes de asilo que se encuentren actualmente en España.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el establecimiento de criterios claros de permanencia. Según el texto presentado, podrán acceder a la regularización quienes demuestren haber estado en el país antes del 31 de diciembre de 2025.

Además, al momento de presentar la solicitud, será necesario acreditar una permanencia ininterrumpida mínima de cinco meses. Para ello, se aceptarán documentos de carácter público, privado o una combinación de ambos.

En el caso específico de solicitantes de protección internacional, el requisito se considerará cumplido si la solicitud de asilo fue presentada antes de la fecha límite establecida.

La recepción de solicitudes está prevista para iniciar en los primeros días de abril de 2026, una vez concluyan los trámites formales asociados al Real Decreto que dará sustento jurídico a la medida. El plazo para acogerse a esta vía administrativa se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que esta regularización responde al respaldo ciudadano expresado a través de una iniciativa popular que reunió más de 700.000 firmas y contó con apoyo mayoritario en el Congreso. Según indicó, se trata de una herramienta eficaz para ordenar una realidad migratoria ya existente.

Integración laboral

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la autorización laboral inmediata. El permiso otorgado será de residencia y habilitará a los beneficiarios para trabajar legalmente en cualquier sector económico y en todo el territorio español.

El diseño del procedimiento busca reducir cargas administrativas: aunque el plazo máximo de resolución será de tres meses, la sola admisión a trámite, que deberá producirse en un lapso no mayor a 15 días, permitirá al solicitante incorporarse al mercado laboral de manera formal.

Esta autorización inicial tendrá una vigencia de un año. Al término de ese periodo, las personas regularizadas deberán incorporarse al régimen ordinario del Reglamento de Extranjería. Con este enfoque, el Gobierno pretende reducir la economía sumergida y prevenir situaciones de explotación laboral, al tiempo que ofrece estabilidad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores.

El proyecto también contempla medidas específicas de protección a la unidad familiar. Los hijos menores de edad de los solicitantes que residan en España podrán regularizarse de forma simultánea y recibirán un permiso con una duración de cinco años. La ministra Saiz subrayó que la integración debe darse en un entorno familiar para facilitar proyectos de vida estables.

Cabe señalar que las personas con antecedentes penales o que representen una amenaza para la seguridad del Estado no podrán acceder al beneficio. Con esta iniciativa, España retoma la tradición de procesos de regularización vigentes desde 1986, adaptando su marco normativo a las dinámicas sociales y económicas actuales.