La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Roldanillo, Jorge Mario Escarría Rodríguez, quien ejerció funciones entre 2020 y 2023, por el presunto uso irregular de vigencias futuras en el marco de la ejecución de un contrato suscrito durante su administración.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se relacionan con decisiones adoptadas en 2021, cuando el entonces mandatario habría comprometido recursos públicos cercanos a los 3.000 millones de pesos para respaldar obligaciones contractuales, sin contar con la autorización previa del Concejo Municipal, requisito exigido por la normativa vigente para este tipo de operaciones presupuestales.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago señaló que, al parecer, la administración municipal habría omitido el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para la aprobación de vigencias futuras, lo que habría permitido comprometer recursos de vigencias posteriores sin el debido control político y administrativo.
Según el ente de control, este tipo de actuaciones deben ajustarse a parámetros estrictos de planeación, transparencia y legalidad, debido a que involucran compromisos financieros que trascienden la vigencia fiscal en la que se adquieren, razón por la cual requieren autorización expresa de las corporaciones de elección popular.
En ese contexto, la Procuraduría indicó que la presunta conducta del exmandatario podría haber vulnerado los principios de legalidad del gasto público, moralidad administrativa, responsabilidad fiscal y anualidad presupuestal, que rigen la gestión de los recursos públicos en Colombia.
El Ministerio Público también advirtió que la falta de cumplimiento de estos requisitos podría afectar la correcta planificación del presupuesto municipal y comprometer la sostenibilidad financiera de la entidad territorial, en caso de que se confirmen las irregularidades.
Por estos hechos, la conducta fue calificada de manera provisional como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima, lo que implica una de las máximas categorías de responsabilidad dentro del régimen disciplinario de servidores públicos.
De manera preliminar, la Procuraduría precisó que este tipo de actuaciones serán evaluadas dentro del marco del debido proceso disciplinario, en el que se determinará si hubo responsabilidad del exfuncionario o si, por el contrario, se presentaron elementos que lo eximan de los cargos formulados.
El proceso disciplinario continúa en etapa de investigación, en la cual el exalcalde podrá ejercer su derecho a la defensa y presentar los argumentos y pruebas que considere pertinentes frente a las acusaciones formuladas por el ente de control.