Contraloría advierte que presencia de grupos ilegales en Colombia creció en 165 %

La creciente presencia de grupos armados ilegales en el territorio nacional y la evolución de las amenazas contra la seguridad del país exigen una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación. Así lo concluyó la Contraloría General de la República en un estudio presentado este martes 23 de junio.

El informe, denominado ‘Análisis de los Avances y la Gestión de los Recursos en la Implementación de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del sector Defensa y Seguridad’, señala que el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas resulta fundamental para responder a los desafíos actuales en materia de seguridad y defensa nacional.

Uno de los hallazgos que más preocupa al organismo de control es el crecimiento sostenido de la presencia de actores armados ilegales en diferentes regiones del país. El estudio determinó que estas estructuras pasaron de tener incidencia en 195 municipios durante 2019 a estar presentes en 518 municipios en 2025, lo que representa un aumento superior al 165 % en apenas seis años.

Para la Contraloría, este fenómeno evidencia la capacidad de adaptación, expansión y reconfiguración de los grupos ilegales, que han logrado extender sus operaciones a nuevos territorios y consolidar su influencia en distintas zonas del país.

El informe también advierte sobre el fortalecimiento de estas organizaciones en términos de personal. Según los datos analizados, durante el último año los grupos armados ilegales incorporaron cerca de 5.000 nuevos integrantes, alcanzando una fuerza estimada de 27.000 miembros.

A este panorama se suma el incremento de los enfrentamientos armados. La Contraloría reportó que los combates entre la Fuerza Pública y estas estructuras aumentaron un 111 %, llegando a 228 confrontaciones durante 2025, la cifra más alta registrada en la última década.

El estudio destaca que las amenazas actuales demandan herramientas más sofisticadas para la vigilancia, el análisis de información, la inteligencia y la protección de infraestructuras críticas. En este sentido, la inversión en ciencia, tecnología e innovación aparece como un componente clave para mejorar la capacidad de anticipación y respuesta frente a fenómenos criminales cada vez más complejos.

Entre las inversiones identificadas por la Contraloría se encuentra la destinación de $136.200 millones durante 2024 para la adquisición de sistemas antidrones, una tecnología considerada estratégica debido al creciente uso de aeronaves no tripuladas por parte de organizaciones criminales y grupos armados.

Además, para 2025 se programaron cerca de $300.000 millones adicionales con el objetivo de fortalecer esta capacidad tecnológica y ampliar las herramientas de defensa frente a nuevas modalidades de amenaza.

Sin embargo, el organismo advirtió que los recursos destinados a investigación, desarrollo e innovación en el sector siguen siendo limitados si se comparan con estándares internacionales. Actualmente, Colombia invierte alrededor del 0,2 % de su Producto Interno Bruto en estas actividades, una cifra considerablemente inferior al promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alcanza el 2,5 % del PIB.