Fiscalía formuló acusación contra María Isabel Urrutia por contratación de sistema de acceso a estadios

La acusación formal de la Fiscalía contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por presuntas irregularidades en la contratación de un sistema tecnológico para el control de ingreso a los estadios de fútbol, abre un nuevo capítulo judicial para quien fuera una de las figuras más representativas del deporte colombiano.

El ente investigador considera que durante su paso por el Ministerio del Deporte se habrían vulnerado normas de contratación pública en un convenio interadministrativo que superó los 4.950 millones de pesos.

La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que presentó escrito de acusación contra la exfuncionaria por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Los hechos están relacionados con la implementación del Sistema de Validación Nacional, una herramienta contemplada en el Decreto 1622 de 2022 y diseñada para fortalecer la seguridad en los escenarios deportivos del país.

De acuerdo con la investigación, el Ministerio del Deporte tenía la responsabilidad de poner en marcha una plataforma tecnológica que permitiera vincular la identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los estadios, además de verificar antecedentes y restricciones de acceso.

El objetivo era contar con mayores controles para prevenir hechos de violencia y garantizar que personas con sanciones o impedimentos no pudieran ingresar a los escenarios deportivos.

Sin embargo, según la Fiscalía, la entonces Ministra habría optado por contratar directamente el proyecto mediante un convenio interadministrativo suscrito con Aldesarrollo el 30 de diciembre de 2022.

Además, la Fiscalía sostiene que esta modalidad de contratación se realizó desconociendo principios y procedimientos orientados a garantizar la pluralidad de oferentes, un elemento considerado fundamental dentro de los procesos de contratación pública.

En cuanto a las evidencias recopiladas durante la investigación indicarían que la contratación presentó presuntas irregularidades desde su etapa precontractual. Entre los hallazgos señalados por los investigadores aparece la ausencia de estudios de mercado que permitieran determinar las condiciones reales para ejecutar el proyecto, así como la falta de procedimientos técnicos y financieros para establecer el valor del negocio jurídico y los costos asociados a las actividades contratadas.

Por otro lado, la Fiscalía también asegura que el proceso habría estado dirigido a favorecer la participación de un tercero específico. De acuerdo con la acusación, el convenio condicionó la subcontratación de una persona particular con quien, presuntamente, se habría acordado previamente la ejecución de la iniciativa tecnológica.

Este aspecto se convirtió en uno de los puntos centrales dentro del expediente, pues para el ente investigador podría evidenciar una posible vulneración a los principios de transparencia y libre concurrencia.

Otro de los elementos destacados por la acusación tiene que ver con las advertencias realizadas al interior del Ministerio del Deporte. La investigación señala que equipos técnicos y jurídicos de la entidad habrían alertado sobre posibles vicios e inconsistencias en varios de los trámites previos a la firma del convenio. Pese a esos reparos, la exministra habría continuado con el proceso y procedido a la celebración del contrato.

La imputación por falsedad ideológica en documento público surge, además, porque la Fiscalía encontró que en documentos con valor probatorio, como los estudios previos y el acto administrativo de justificación de la contratación, presuntamente se incluyeron afirmaciones que no correspondían a la realidad.