Grupos armados se expanden en Colombia: ya suman más de 27 mil combatientes, según informe

Colombia comenzó el 2026, año electoral, con un escenario de seguridad más frágil y complejo que el registrado en años anteriores. Así lo advierte el más reciente balance de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

“El 2025 cerró con un balance en rojo para la seguridad del país: los grupos armados ampliaron sus disputas territoriales, engrosaron sus filas y reforzaron el control sobre las comunidades, mientras el desplazamiento forzado se agudizó y la política de Paz Total acumuló cuestionamientos, incluso desde el propio Gobierno”, señaló el informe.

La entidad declaró que, aunque la Fuerza Pública incrementó sus acciones a un 34 %, estas no representaron una mejora de la seguridad y, en lo que va del 2026, “los enfrentamientos, el miedo y las emergencias humanitarias regresan a varias regiones del país”.

Entre los datos más preocupantes está el aumento del número de combatientes. A diciembre de 2025, los grupos armados sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5 % frente al año anterior.

Es decir, que “más de 5.000 personas se sumaron a estas organizaciones ilegales en solo un año", puntualizó el informe de la FIP.

El Clan del Golfo lidera ese incremento, con cerca de 2.300 nuevos miembros, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la FIP, “ni las operaciones militares, ni los procesos de negociación, ni las ofertas de sometimiento han logrado frenar su capacidad de reclutamiento. Los grupos ofrecen salarios y otros incentivos en territorios donde el Estado llega tarde o no llega”.

Además del fortalecimiento de grupos armados, el 2025 también fue el año con más disputas armadas de la última década. Los enfrentamientos entre grupos crecieron un 34 %, impulsados por rupturas internas, nuevas alianzas y la lucha por el control de rutas y economías ilegales.

“Hoy hay al menos 13 zonas del país en disputa activa, casi el doble de las que existían al inicio del Gobierno Petro, en 2022. También se registró un fuerte aumento de ataques contra la infraestructura y bienes civiles (58 % frente a 2024) y contra la Fuerza Pública (62 %). En conjunto, 2025 muestra las cifras más altas desde 2016”, expuso la FIP.

A esto se suma el uso creciente de drones cargados con explosivos, una tecnología que, según la FIP, el uso de estos artefactos potenció su capacidad militar, ya que “reduce costos y es más efectiva en atacar a la Fuerza Pública". Solo en 2025 se reportaron 277 ataques con drones, más del doble que el año anterior (119), la mayoría atribuidos al EMC.

El impacto humanitario también se profundizó. El desplazamiento forzado aumentó un 85 %, en gran parte por la crisis del Catatumbo, que obligó a 92.000 personas a abandonar sus hogares. Además, el secuestro creció 133 %, con una modalidad cada vez más urbana y extorsiva.

“El tiempo que le queda al Gobierno Petro no puede ser excusa para la inacción. Se requieren ajustes urgentes, mejor coordinación institucional y una estrategia que no se limite a la Fuerza Pública, sino que fortalezca la investigación criminal y la justicia”, concluye el informe.