La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de prisión al exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. El congresista fue hallado culpable de los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, en el marco del escándalo de corrupción conocido como ‘Las Marionetas 2.0’.
La Corte determinó que Ramírez intervino de manera irregular en la asignación de al menos 15 contratos, valorados en cerca de 90.000 millones de pesos, a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS) durante el anterior gobierno.
Además de la pena privativa de la libertad, la Corte le impuso una multa superior a los 19.000 salarios mínimos y una inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos.
Un análisis a los documentos alojados en la plataforma de Función Pública revela inconsistencias y vacíos en el historial financiero del exsenador. Entre 2020 y 2024, el patrimonio líquido de Ramírez experimentó una disminución del 18,23 %, pasando de $1101 millones a $900 millones.
Algo que llama la atención de los investigadores es que los registros de 2021 y 2022, años en los que se habrían cometido los delitos, no se encuentran publicados.
A pesar de la reducción en su patrimonio líquido, sus ingresos reportados entre 2020 y 2023 mostraron un incremento del 83,55 %, impulsado por rubros de “otros ingresos y rentas”.
Asimismo, sus deudas financieras presentaron una caída drástica del 84,81% en el último año, pasando de $176 millones a tan solo $19 millones, sin que se detalle el origen de los recursos para tal amortización.
Aunque en la Superintendencia de Notariado y Registro no figuran bienes a nombre de Ramírez, las autoridades han puesto el foco en el patrimonio de su esposa, Lorencita Builes Cardona.
A su nombre aparecen cinco propiedades ubicadas en Bogotá, Zipaquirá y Antioquia. Builes, hija del exsenador condenado por parapolítica Humberto Builes, también ha sido vinculada por el ICIJ como accionista en dos empresas mencionadas en los Panamá Papers.
La condena de la Corte Suprema pone fin a una carrera política marcada por la herencia de su padre, Ciro Ramírez Pinzón, también condenado en 2011. Tras haber recuperado su libertad temporalmente y retomado su curul a principios de 2025, el ahora sentenciado deberá cumplir su pena en un centro de reclusión.