La Fiscalía General de la Nación no estuvo exenta de críticas luego de que en un giro inesperado anunciara el retiro de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a causa del magnicidio contra el precandidato Miguel Uribe Turbay.
Con esta decisión, el ente acusador remitió la investigación contra el alto funcionario del Gobierno Nacional de la Unidad de Administración Pública de Bogotá hacia el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para este caso.
En ese sentido, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que es la que asume la defensa de la familia de Uribe Turbay, expresó su preocupación por esta decisión de la Fiscalía que en cuestión de horas tuvo un abrupto cambio.
“Nuestra firma manifiesta su preocupación frente al retiro de la imputación anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros. Sin embargo, entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”, expresó el buffet.
Simultáneamente, reiteraron que tienen toda su confianza puesta en la articulación entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295 para que las investigaciones continúen mostrando resultados claves.
“Reiteramos nuestro respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, quien ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”, afirmó.
Además, manifestaron que seguirán teniendo su confianza en la capacidad técnica y la responsabilidad que tiene en sus manos el Grupo de Tareas Especiales que fue conformado con el propósito de que estos hechos sean esclarecidos integralmente.
“Esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”, concluyó.
Es de importancia mencionar que la solicitud de imputación había sido solicitada por una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión.
Sin embargo, esa funcionaria no tendría esa competencia porque ese caso lo lleva un grupo de tareas especiales en el que se fijó quiénes son los investigadores competentes para este caso.
La fiscal habría actuado con base en una denuncia que radicó el abogado de víctimas, Víctor Mosquera, en la que denunciaba esas supuestas omisiones, en las que el senador y sus allegados le solicitaron a la UNP que reforzara el esquema de seguridad asignado al dirigente de la oposición. Pero eso nunca sucedió y el día del atentado solo había tres escoltas en el lugar.