Daneydis Barrera Rojas, conocida en redes como Epa Colombia, fue hallada culpable de los delitos de daño en bien ajeno, instigación de terrorismo y perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial, cometidos durante una jornada del paro nacional en noviembre de 2019.

En el despacho de la jueza Segunda Especializada se profirió sentencia condenatoria en su contra.

La funcionaria judicial dictó una pena de tres años y diez meses en su contra, tras escuchar las intervenciones de los abogados de TransMilenio, de Recaudo Bogotá, la Procuraduría y el defensor de la influenciadora, en ese orden. Barrera Rojas también tendrá que pagar 25.42 salarios, es decir, una suma cercana a los $22 millones.

Como pena accesoria, la jueza prohibió que durante ese mismo tiempo no ejerza ninguna labor como 'influencer'. "La procesada abusó de esta labor con su actuación, por eso se hace necesaria esta decisión".

El abogado de TransMilenio solicitó al despacho que en el momento de tasar la pena se tuviera en cuenta que hubo afectaciones por $1200 millones del erario que, según él, estaban destinados a lo social.

"La estación donde esta señora comete el daño es sensible, atiende a muchos usuarios, por lo que el daño fue real. Por eso le pedimos que le imponga una pena de seis años de prisión y que no sea con el beneficio de la detención domiciliaria", indicó el jurista.

Luego, el apoderado de la empresa Recaudo Bogotá también pidió una pena ejemplar por cuenta del daño que Barrera Rojas ocasionó a toda la institucionalidad con su comportamiento.

"El hecho de sometimiento a la justicia y de aceptación no aminora el daño causado", recalcó.

En la audiencia anterior la joven se acogió a los cargos endilgados por el ente acusador, razón por la que tendrá una rebaja en su pena. No obstante, tanto los defensores de TransMilenio y Recaudo Bogotá insistieron ante el estrado en que como "los hechos fueron graves, así mismo debe ser la sentencia, para no seguir invitando a la comunidad a cometer más delitos".

El representante del Ministerio Público basó su argumentación en el hecho de que esta persona es ampliamente reconocida en redes sociales por lo que su conducta puede ser fácilmente imitada por sus seguidores.

"Debe existir una relación directa entre la gravedad de la conducta y la pena a imponer. Acá debe considerarse que los delitos fueron difundidos y vistos por personas en formación a quienes les llegó el mensaje de un ataque a las autoridades", sostuvo el delegado de la Procuraduría.

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