Por Andrea Moreno, periodista de El País
El 24 de enero de 2025 el presidente Gustavo Petro decretó el Estado de Conmoción Interior en varios municipios del Catatumbo, Norte de Santander, tras una grave escalada de violencia protagonizada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias del Frente 33 de las Farc.
La decisión se tomó en medio de masacres, desplazamientos forzados y denuncias de control armado ilegal sobre amplias zonas rurales. Sin embargo, doce meses después, las cifras de violencia muestran que la crisis no solo continúa, sino que se podría afirmar que se ha profundizado.
El corresponsal internacional en conflicto armado Néstor Rosanía asegura que lo ocurrido en el Catatumbo no puede mirarse como un fenómeno reciente ni exclusivo del Gobierno Nacional actual.
Según su análisis, la violencia en esta región tuvo un repunte significativo al final del gobierno de Juan Manuel Santos, se intensificó durante la administración de Iván Duque y alcanzó un pico crítico con el enfrentamiento directo entre el ELN y las disidencias del Frente 33.
Rosanía señala que el Catatumbo se convirtió en un escenario de disputa permanente debido a su valor estratégico para el narcotráfico: “Es la principal ruta de cocaína que sale hacia Venezuela y desde allí, en gran parte por vía aérea, hacia el Caribe. Esa ruta se la disputan al menos 17 grupos armados”.
Esa multiplicidad de actores ilegales explica, en buena medida, la persistencia del conflicto y la dificultad del Estado para ejercer un control efectivo.
Para el coronel Alberto Romero, excomandante de la Brigada 30 del Ejército en el Catatumbo y exdirector nacional de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, el balance tras un año de la entrada en vigencia del Decreto de Conmoción Interior es negativo.
A su juicio, la persistencia de combates y desplazamientos demuestra que la medida no logró recuperar el control territorial: “La declaratoria no tuvo ningún efecto. Cuando dos estructuras armadas se enfrentan libremente, es porque no hay control territorial ni operaciones en profundidad”.
Según el oficial, los enfrentamientos en municipios como El Tarra, Convención y Teorama evidencian que los grupos armados ilegales siguen operando sin restricciones reales.
Eje del poder armado
Lejos de disminuir, la confrontación armada se ha reconfigurado en el Catatumbo actual y la frontera con Venezuela sigue siendo uno de los principales factores que explican la persistencia del conflicto debido a que les permite a las estructuras paramilitares, a través de más de 600 trochas clandestinas, el tráfico de drogas, armas, combustible y personas, además de facilitar cualquier movilidad entre ambos países.
Para Carlos Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y abogado asesor en seguridad nacional, “el control de estas trochas le garantiza al ELN recursos, retaguardia estratégica y capacidad financiera”.
Esta situación dificulta la acción de la Fuerza Pública y convierte la frontera en un espacio clave para el narcotráfico y otras economías ilegales.
Rosanía coincide en que la disputa por las rutas explica la violencia actual: “No es solo un conflicto armado, es una guerra por el control de la cocaína y su salida hacia Venezuela”.
El excomandante Romero advierte que “si no hay una acción decidida del Estado para controlar y combatir en la frontera, el Catatumbo se va a incendiar más”, ya que podrían retornar combatientes.
Incluso, el ELN continúa enfrentándose con las disidencias del Frente 33 de las Farc por el control de cultivos de coca, laboratorios y corredores estratégicos hacia Venezuela.
Esta disputa ha mantenido en riesgo constante a la población civil, por lo que comunidades enteras continúan viviendo bajo amenazas, restricciones de movilidad y control social impuesto por los grupos armados.
De igual forma, el reclutamiento de menores, las extorsiones y el desplazamiento forzado siguen siendo prácticas frecuentes.
“La comunidad está secuestrada, no tiene voz ni voto”, afirma Soler y añade que los grupos armados ilegales imponen reglas sobre la vida cotidiana, obligan a las familias a vincular a sus hijos a sus estructuras y controlan incluso las actividades económicas básicas.
Rosanía agrega que la población queda atrapada entre varios actores: “De un lado, los grupos armados; del otro, el Ejército, y en la mitad los civiles, acusados constantemente de colaborar con uno u otro bando”.
En medio de este panorama, recientemente, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que “el ELN destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos” los intentos de acuerdo en el Catatumbo y ha condicionado cualquier negociación a la salida real de las economías ilícitas y al fin del reclutamiento de menores.
Así mismo, el Mandatario ha insistido en que las comunidades deben recuperar su libertad y participar en la transformación del territorio.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró el pasado 31 de diciembre que proteger a la población es la prioridad del Gobierno en municipios del Norte de Santander como Tibú.
El coronel Romero advierte que la estrategia aplicada por la Casa de Nariño ha sido fragmentada y sin una acción integral efectiva. Desde su experiencia, insiste en que el control territorial solo es posible si se retoma una operación integral en las zonas, como ocurrió en otros momentos del conflicto cuando “se dieron de baja cabecillas, se redujeron las estructuras y se obligó a los grupos armados a replegarse a retaguardias estratégicas como Venezuela”.
En ese sentido, insiste en que se requieren operaciones militares fuertes y sostenidas, articuladas con acciones policiales y judiciales, dirigidas no solo contra las estructuras armadas, sino contra sus mandos, sus finanzas y sus redes de apoyo. “Hay que atacar a las disidencias y al ELN como un sistema, sin contemplación”, enfatiza.
Por su parte, Rosanía señala que la región también se ha convertido en un fin político: “En año electoral aparecen políticos de mediano y alto nivel a utilizar el Catatumbo como bandera, pero, cuando llegan al poder, no transforman la realidad”.
Para el periodista, esta instrumentalización ha contribuido a la repetición de promesas incumplidas.
En paralelo a la estrategia militar y política, el Catatumbo ha sido uno de los principales escenarios de la Paz Total. Sin embargo, los avances en los procesos de negociación no se han traducido en una reducción de la violencia. De hecho, las conversaciones con el ELN han estado suspendidas y la disputa por economías ilegales y el recrudecimiento de acciones armadas en municipios como Tibú y El Tarra han debilitado la confianza en el proceso de diálogo.
En cuanto al Frente 33, el proceso aún existe y sigue activo, pero los acercamientos tampoco han logrado frenar la confrontación; por el contrario, la disputa por rutas del narcotráfico y zonas cocaleras se ha intensificado, de manera que el territorio sigue expuesto a amenazas y violencia sin garantías de protección efectiva.
Crisis humanitaria
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, la crisis humanitaria en el Catatumbo es la más grave registrada en Colombia en décadas: entre enero y abril del 2025 más de 64 mil personas fueron desplazadas forzosamente y alrededor de 12 mil quedaron confinadas.
Balances recientes advierten que, desde entonces, cerca de 78 mil personas han sido afectadas por desplazamientos y confinamientos, con un impacto desproporcionado sobre mujeres, niños y adolescentes.
Así, la violencia persiste y la frontera con Venezuela sigue siendo un eje central en las dinámicas del conflicto y del narcotráfico, a pesar de la declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con reportes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), más de 65.000 familias han quedado sin hogar como consecuencia del conflicto armado, los enfrentamientos y las restricciones impuestas por los grupos ilegales.
Solamente tras la ofensiva que precedió a la declaratoria de emergencia, se registró el desplazamiento de más de 12.000 personas hacia municipios como Ocaña y especialmente hacia Cúcuta, donde muchas familias aún permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad.
Soler profundiza en esta situación al describir cómo el reclutamiento de menores se utiliza como mecanismo de control social: “Reclutan niños para amarrar a las familias a tener vínculos emocionales con las estructuras armadas”.
Esta práctica, además de constituir una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, DIH, perpetúa el dominio armado sobre el territorio.
Por lo tanto, plantea que cualquier transformación del Catatumbo pasa primero por garantizar condiciones mínimas de protección.
“Sin seguridad no se puede invertir”, afirma Soler al tiempo que señala la necesidad de sustituir economías ilegales por proyectos productivos viables y más presencia estatal, pero reconoce que eso solo será posible si se desmonta el control armado que hoy ejercen el ELN y otros grupos armados ilegales.
En definitiva, un año después de la conmoción interior, el Catatumbo sigue siendo un territorio en disputa, la violencia no se ha detenido, las negociaciones no han tenido impacto tangible en la vida de las comunidades y la respuesta estatal continúa siendo insuficiente frente a la magnitud de la crisis.
Las cifras y las voces expertas coinciden en que la medida excepcional no logró modificar las condiciones estructurales que alimentan el conflicto armado en esa zona limítrofe con Venezuela.
Por: Andrea Moreno, periodista El País