La investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tuvo un nuevo giro dentro de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción no logró tomar una decisión de fondo sobre la situación jurídica de cinco congresistas y un excongresista vinculados al caso.
La discusión se extendió durante cerca de dos horas y media en una sesión que se realizó en la tarde del jueves. En ese espacio se retomó el análisis de la ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, quien propuso llamar a juicio a los implicados y cobijarlos con medida de aseguramiento.
Sin embargo, al momento de la votación se registró un empate entre los magistrados que integran la Sala de Instrucción. Según información conocida tras la sesión, tres magistrados respaldaron la ponencia mientras que otros tres votaron en contra de la misma.
Ante esa falta de consenso, el proceso deberá seguir el procedimiento establecido en estos casos. Fuentes cercanas al proceso indicaron que, tras mantenerse el empate, será necesario acudir a la figura de los conjueces para que participen en la discusión y ayuden a destrabar la decisión.
En los próximos días se realizará un sorteo para seleccionar a los dos conjueces que se integrarán temporalmente a la Sala de Instrucción. Estos juristas participarán en la deliberación y en la votación que definirá el rumbo del proceso judicial.
Esto significa que la decisión sobre la situación jurídica de los congresistas investigados no se conocerá de manera inmediata. Según lo previsto, la determinación se tomaría después de las elecciones programadas para el 8 de marzo.
Dentro de los investigados hay figuras que actualmente buscan mantener su presencia en el Congreso. Entre ellos se encuentran Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Astrid Manrique, representante de las Curules de Paz, quienes aspiran a la reelección en los próximos comicios.
La ponencia presentada por el magistrado Rodríguez fue revelada públicamente el pasado 27 de febrero. En ese documento se mencionaba el volumen de pruebas recopiladas dentro del expediente que investiga posibles irregularidades relacionadas con la UNGRD.
Entre los elementos probatorios mencionados se encuentran las declaraciones entregadas por María Alejandra Benavides, quien se desempeñó como asesora del Ministerio de Hacienda durante el periodo en que ocurrieron los hechos investigados.
Durante varias diligencias, Benavides entregó a las autoridades copias de chats correspondientes a conversaciones que sostuvo en el segundo semestre de 2023 con congresistas que integraban la Comisión Interdisciplinaria de Crédito Público.