La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a Andrés Alberto Álvarez Toro, exgerente de las Empresas Públicas Municipales de Tuluá, Emtuluá, por presuntas irregularidades de tipo contractual.

La Procuraduría Provincial de Buga cuestionó al exfuncionario por un contrato de arrendamiento suscrito en marzo de 2015, adicional al que había celebrado en el año 2000 Emtuluá con la empresa Centroaguas, a cargo del servicio de acueducto en la ciudad.

De acuerdo con el ente de control, ese contrato de arrendamiento se suscribió sin que, al parecer, se cumpliera la cláusula quinta del primer pacto según la cual, solo se podía ampliar el plazo de arrendamiento por causas asociadas a la norma de equilibrio económico que regía el negocio jurídico entre las dos entidades.

De manera preliminar se ha indicado que, la decisión de ampliación de arrendamiento por parte del disciplinado fue justificada mediante la implementación de obras de expansión del servicio, las cuales no forman parte de los factores de desequilibrio económico.

El Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta de Álvarez Toro como constitutiva de falta disciplinaria gravísima cometida con culpa gravísima, en el supuesto de comprobarse que ignoró los reglamentos de la contratación estatal y el principio de responsabilidad, al desconocer la cláusula que establecía las condiciones para suscribir un nuevo contrato entre Emtuluá y la empresa Centroaguas.

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