Una reciente inspección en la Escuela de Carabineros de Bogotá reveló que la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, tenía en su poder un teléfono celular no autorizado.
Aunque el hallazgo ha generado controversia sobre su permanencia en ese centro, su abogado aseguró que no será trasladada a una cárcel ordinaria.
Sin embargo, el funcionario explicó sobre si el incidente podría impactar negativamente en su proceso para acceder a beneficios judiciales.
¿Consecuencias legales tras el hallazgo?
Ante la reciente polémica, el abogado Francisco Bernate, quien representó a Barrera en su proceso de traslado, descartó en una entrevista brindada a Blu Radio, la posibilidad de que su clienta sea remitida nuevamente a una cárcel ordinaria.
Bernate explicó que el cambio de centro de reclusión desde El Buen Pastor obedeció a razones documentadas de seguridad y convivencia, y fue aprobado por distintas entidades, incluyendo el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, con respaldo directo del presidente Petro.
Según el abogado, estas condiciones se mantienen y el traslado no estuvo condicionado a normas que permitan su revocatoria por situaciones como la actual.
“Digamos que esas condiciones no han cambiado y el traslado no estaba sujeto a unas normas específicas, de manera que no es una posibilidad”, afirmó Bernate en entrevista con Blu Radio.
Ahora, si bien el hecho no afectará su lugar de reclusión, el hallazgo del celular podría tener repercusiones en el futuro judicial de Barrera.
Según explicó su exapoderado, este tipo de infracciones son consideradas por los jueces como señales de mal comportamiento, lo que podría obstaculizar el acceso a beneficios como permisos de salida o libertad condicional.
“(...) Lo que ocurre acá es que muy seguramente cuando empiece a solicitar sus permisos van a ser negados”, advirtió Bernate.
Otro aspecto revelado por el abogado es que ya no ejerce activamente como defensor de Epa Colombia. Bernate aclaró que su papel concluyó tras haber gestionado el traslado a la Escuela de Carabineros.
Además, indicó que desde entonces no ha tenido comunicación ni con la detenida ni con su familia. De igual forma, expresó que actualmente otros abogados llevan el caso, incluyendo uno que interpuso una tutela tras su reclusión en el nuevo centro.
“(...) En la medida que me necesiten ahí estoy y ellos lo saben. Pero desde que fue trasladada el 20 de agosto nosotros no hemos tenido contacto ni con ella, no con su familia. Creo que ahí terminó mi responsabilidad”, señaló al medio citado anteriormente.
Finalmente, mientras se aclara su situación dentro del centro de reclusión, sigue la duda sobre si este nuevo episodio tendrá consecuencias en su proceso judicial.