Policía incauta celular de Epa Colombia durante inspección sorpresa en estación de Carabineros

Una inspección sorpresa en la Seccional de Carabineros de Bogotá terminó en el hallazgo de tres teléfonos móviles y un cargador en poder de personas recluidas en este centro de detención especial.

La revisión se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran reportes sobre la realización de llamadas no autorizadas desde este lugar. Al parecer, los dispositivos estaban ocultos en baños y habitaciones de estas celdas.

Según trascendió, uno de los teléfonos pertenecía a la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera, conocida popularmente como Epa Colombia, quien fue trasladada hace dos semanas desde la cárcel El Buen Pastor.

Barrera llegó a este centro de detención especial luego de la solicitud presentada por su defensa y tras meses de conversaciones con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

La Corte Suprema de Justicia condenó a Epa Colombia por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

La Sala concluyó que la conducta de Barrera excedió los límites de la protesta social, al considerar que la destrucción de bienes públicos, grabada y difundida por ella misma en redes sociales, tenía la capacidad de incitar a terceros a repetir comportamientos similares.

El alto tribunal explicó que “la difusión masiva de contenidos violentos y destructivos a través de redes sociales tenía la potencialidad de incitar a terceros a replicar conductas delictivas”, y sostuvo que no era necesario demostrar que esas personas hubiesen cometido actos terroristas, sino que bastaba la probabilidad de inducir estados de zozobra y temor.

En noviembre de 2019, durante el estallido social, Barrera destruyó con un martillo parte de la estación Molinos del sistema TransMilenio y participó en actos vandálicos contra la URI de Tunjuelito.

Las imágenes fueron publicadas por ella en plataformas digitales y generaron, según las autoridades, un impacto considerable en la ciudadanía.

En 2020 una jueza de conocimiento absolvió a Barrera del delito de instigación a delinquir con fines terroristas y concedió la suspensión condicional de la pena.

Sin embargo, en agosto de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y la condenó también por este delito, con una pena de 63 meses y 15 días de prisión, multa de 492,24 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer como influenciadora.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en enero de este año esa sentencia y ordenó su captura inmediata.