Gran preocupación generó entre los constructores de vivienda del país, el decreto que anunció el Gobierno Nacional para fijar los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) en pesos.
Hasta ahora, los costos de las unidades habitacionales están determinados en salarios mínimos y con el alza del 23% decretada por el Gobierno Petro para 2026, las viviendas VIS tendrían un gran incremento en su precio, dificultado el acceso de los compradores.
De ahí, que el Gobierno busca cambiar el sistema que ha funcionado por muchos años, para que los precios se fijen en pesos.
Según el Gobierno, esto no constituye un control de precios. “En realidad, con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo”, explicaron.
Para el Gobierno, con esto se evitan incrementos abruptos —como los derivados del aumento del salario mínimo del 23 % para la vigencia 2026— y se limita cualquier ajuste a variables relacionadas con los costos de construcción, siempre respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.
¿Qué dicen los constructores?
Pero esto no es lo que piensan los constructores. Para Camacol, la medida introduce un control artificial de precios y desconoce el marco legal vigente, que permite fijar el valor de la vivienda en pesos o en salarios mínimos, y establece que el precio definitivo es el vigente al momento de la escrituración.
“El proyecto de decreto genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda y altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”, advirtió Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.
El dirigente gremial recordó que la vivienda no es un bien de consumo inmediato. “Su desarrollo implica procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden extenderse entre cuatro y cinco años. Durante ese tiempo se presentan variaciones en costos, materiales, tasas de interés y regulaciones, que obligan a ajustes razonables en los precios futuros para preservar la sostenibilidad de los proyectos”, explicó.
Aseguró que el cambio tendría un gran impacto para los consumidores, porque seguramente se reducirá la oferta. “El control de precios no reduce el valor de la vivienda; por el contrario, se traduce en menos oferta y mayores barreras de acceso para miles de familias que quieren acceder a una vivienda digna y formal”.
Agregó Camacol que modificar las condiciones de fijación del precio desde las etapas iniciales también afectaría el acceso de los hogares a instrumentos clave de la política de vivienda, como subsidios de cajas de compensación y entidades territoriales, condiciones de crédito y tasas de interés preferenciales, que se determinan con base en el valor de la vivienda al momento de su escrituración.
Además, el gremio recordó que esta discusión se da en un contexto de fuerte presión sobre los costos del sector, tras el incremento del 23 % del salario mínimo, que podría elevar entre 10 % y 15 % los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda.
El año pasado la vivienda VIS valía $192 millones correspondiente a los 135 salarios mínimos de tope fijado pro la ley. Hoy, con el alza del salario esta misma unidad valdría $238 millones, es decir, $46 millones más.
Según cálculos del gremio, debido a las alzas del salario, durante este Gobierno la vivienda de interés social aumentó de precio en $103 millones.
Camacol hizo un llamado para que se respete y valore el papel del sector privado y de los constructores de vivienda, quienes día a día trabajan por ofrecer soluciones habitacionales formales y dignas a los colombianos, aun en un entorno de alta incertidumbre económica y regulatoria. “Nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores para que puedan acceder a vivienda propia”, dijo.