La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que reforzará la vigilancia sobre empresas y sectores estratégicos para evitar abusos contra los consumidores luego de la aplicación del salario mínimo vital fijado por el Gobierno para 2026.
En un comunicado divulgado este martes 13 de enero, la entidad señaló que actuará como autoridad de competencia, protección al consumidor y vigilancia de precios para impedir prácticas como la fijación de precios excesivos, la coordinación indebida entre empresas y la influencia irregular de gremios en la determinación de tarifas y condiciones de comercialización.
“La economía social de mercado prohíbe los precios inequitativos, el actuar coordinado de los agentes económicos y la influencia indebida de asociaciones o agremiaciones”, advirtió la Superintendencia, que aseguró que evaluará todas las denuncias y quejas que se presenten.
A renglón seguido, la SIC reiteró que el Estatuto del Consumidor protege a los ciudadanos frente a publicidad engañosa, cláusulas abusivas, incumplimientos de garantía y falta de información clara sobre precios y condiciones de los bienes y servicios.
En particular, la entidad puso la lupa sobre el sector vivienda, en medio de inquietudes por el impacto del salario vital en los precios de los inmuebles.
Recordó que desde febrero de 2025 está vigente la Circular 004 de 2024, que obliga a las constructoras a publicar y fijar los precios de los proyectos inmobiliarios en pesos colombianos, y no en salarios mínimos u otras unidades de referencia.
Como parte de la vigilancia, la SIC informó que ya solicitó información a más de 20 constructoras para verificar las condiciones de comercialización y el cumplimiento de esa normativa.
Además, la Delegatura de Reglamentos Técnicos y de Metrología Legal reforzará los controles en sectores sometidos a regímenes de precios regulados, como el de medicamentos y dispositivos médicos, donde actualmente la SIC vigila cerca de 36.000 productos.
La entidad concluyó que adelantará todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de los consumidores, evitar prácticas abusivas y preservar un modelo de economía social de mercado en el que primen los intereses de los ciudadanos.
Recientemente, el Ministerio de Vivienda publicó un borrador de decreto que ordena cobrar las Viviendas de Interés Social (VIS) en pesos y prohíbe que su valor aumente cada año según el salario mínimo.
La norma busca acabar con la incertidumbre de los compradores, quienes muchas veces ven cómo la deuda crece mientras se construye el proyecto. El documento señaló que, desde el momento en que la persona separa el inmueble, la constructora “deberá establecer de manera expresa, clara y verificable el precio total de la vivienda en pesos colombianos”, monto que será el único a pagar hasta recibir las llave