“Seguiremos defendiendo el salario vital de los colombianos”, ese fue parte del pronunciamiento del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en medio de la mesa de concertación citada para este lunes 16 de febrero, la cual alcanzó un acuerdo entre las partes.
Con la presencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sindicatos y empresarios, la Comisión de Concertación acordarían mantener el aumento de 23,7 % del salario mínimo para el 2026.
“Para el Gobierno, para buena parte del sector salarial y el movimiento sindical, el salario vital es un derecho adquirido por los trabajadores. Estamos convencidos de que reversarlo es inconveniente, inconstitucional e inviable desde la parte jurídica”, fueron las palabras del ministro Ávila tras la decisión.
En esa misma línea, Sanguino señaló que del lado de los empresarios existe una opinión mayoritaria, según la cual “sería equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23 %”.
Agregó que las centrales sindicales también se pronunciaron a favor de mantener el aumento, con el argumento de que cambiar las reglas en este momento generaría incertidumbre en el mundo laboral.
“La posición compartida es mantener el incremento, para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en la economía. El Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado, y defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital, como lo ordena la Constitución”, aseguró Sanguino.
En medio del limbo que se generó la semana pasada, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, propuso a las empresas hacer el mayor esfuerzo posible para mantener el incremento definido en diciembre.
Aunque reconoció que el ajuste generó un fuerte efecto económico, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, y que existen reportes de Pyme con dificultades tras el incremento salarial, Mac Master advirtió que revertir ahora la medida sería complejo para los trabajadores.
“Para muchos de los 2,4 millones de trabajadores este ha sido un incremento muy importante que ya lo tienen en sus cuentas y en sus presupuestos. Sería muy complejo retroceder en este momento”, explicó el dirigente.
Según indicó, una vez el aumento se convirtió en un hecho cumplido, la discusión dejó de ser únicamente técnica y pasó a tener un componente social y de estabilidad jurídica, en un debate que sigue generando tensiones entre el Ejecutivo y algunos sectores económicos.