Luego del reciente acuerdo con el Congreso de la República, se aprobó una reforma que modifica el régimen laboral aplicable a las empleadas domésticas en Colombia.
Esta normativa responde a las condiciones de un sector considerado precarizado, que por años ha operado bajo condiciones de informalidad, en lo que reportan extensas jornadas y escasa protección laboral.
A partir de ahora, la legislación garantizará una jornada laboral regulada y la formalización obligatoria de la relación laboral, entre otras medidas.
Así aplica esta normativa laboral
Esta reforma se presenta como un fortalecedor en materia de igualdad y justicia laboral, al equiparar los derechos de las trabajadoras domésticas con los del resto de empleados del país.
De igual forma, abarca tanto a quienes trabajan por días, como a quienes tienen contratos de tiempo completo o prestan sus servicios bajo la modalidad de internas.
En cuanto a la jornada semanal, la normativa se alinea con la Ley 2101 de 2021, que ordena una reducción gradual de las horas de trabajo en el país.
Dicha ley permitía jornadas de hasta 10 horas diarias para este grupo, bajo la premisa de disponibilidad continua, pero, con la reforma, esta diferenciación desaparece.
Lo que quiere decir que las empleadas internas también tendrán derecho a una jornada máxima de 8 horas diarias y deberán recibir pago adicional por cualquier tiempo extra.
Es por esto que a partir de su implementación, las trabajadoras del servicio doméstico solo podrán laborar un máximo de 8 horas diarias.
Y si el trabajo se extiende después de las 7:00 p.m., se aplicarán los recargos nocturnos estipulados por esta nueva normativa.
Cambios estructurales
Actualmente, la jornada semanal máxima es de 46 horas, pero esta cifra bajará a 44 horas en julio de 2025 y, finalmente, a 42 horas en julio de 2026.
Como se mencionó anteriormente, esta reducción también aplicará de manera explícita para las empleadas del servicio doméstico.
Esto representa un cambio significativo respecto al pasado, donde las trabajadoras internas podían laborar hasta 10 horas diarias.
Otro de los pilares centrales de la reforma es la exigencia de un contrato laboral formal y por escrito, independientemente de la modalidad de trabajo.
Esto significa que todos los empleadores estarán obligados a suscribir un documento que detalle las condiciones del empleo, como los horarios, salario, funciones, y demás aspectos esenciales del vínculo laboral.
Además, dicho contrato deberá ser registrado ante el Ministerio del Trabajo, lo cual facilita la fiscalización y garantiza mayor protección legal para las trabajadoras.
Este paso busca combatir la informalidad que ha caracterizado al sector, y permitirá que más trabajadoras puedan acceder a prestaciones sociales, seguridad social y mecanismos legales de defensa en caso de incumplimientos por parte del empleador.