Durante los últimos dos años, el sistema de salud en Colombia ha sufrido una agudización de los graves problemas que históricamente ha enfrentado, debido a una combinación de factores estructurales, financieros y políticos que han desbordado su capacidad operativa.
La crisis se ha agravado tras el desfinanciamiento crónico de las EPS, los retrasos en los pagos por parte del Estado y las crecientes deudas con clínicas y hospitales, lo que ha provocado cierres, reducción de servicios y afectaciones directas a la atención de los pacientes.
A esto se suma la incertidumbre generada por las fallidas reformas del gobierno, que han creado tensiones entre actores del sector y un clima de inestabilidad institucional.
Mientras tanto, miles de ciudadanos enfrentan barreras para acceder a tratamientos oportunos, medicamentos esenciales y atención especializada, lo que evidencia una creciente desigualdad en el acceso a la salud y una pérdida de confianza generalizada en el sistema.
Es por ello que algunos hospitales y clínicas se han visto a cerrar distintos servicios para poder maniobrar la carga con las capacidades humanas y financieras con las que cuentan en la actualidad. Recientemente, la Asociación Colombiana de Especialistas de Medicina de Urgencias y Emergencias se pronunció tras la grave situación que enfrenta el sistema.
Aseguran en la misiva que se encuentran frente a una sobrecarga sin precedentes, pues tienen ocupaciones que superan el 200% de las capacidades en varias de las instituciones públicas y privadas que hoy operan en el país. Dicha sobreocupación pone en riesgo miles de vidas.
Indican que la situación “es consecuencia de múltiples factores que han confluido en este momento, como lo es la no oportunidad de servicios ambulatorios, obligando a millones de ciudadanos a acudir a urgencias como única puerta de entrada al sistema de salud“.
Entre las situaciones que han jalonado el deterioro, la agremiación menciona también el desabastecimiento grave de insumos y medicamentos, que es una consecuencia directa del no flujo de recursos a IPS y hospitales, situación que vulnera de forma directa el derecho fundamental a la salud y expone a los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas a complicaciones.
Este panorama se agrava aún más tras el cierre progresivo de servicios de urgencias en varios hospitales. Otro hecho que empaña más la efectividad del sistema es el retraso en los pagos a médicos y en general al talento humano en salud. Indican que hay rezagos superiores a los 90 días.