La economía colombiana ha venido recuperándose. En 2023 tuvo un leve crecimiento (0,8 %), que mejoró en el 2024 (1,5 %), y el año pasado el Producto Interno Bruto, PIB, del país varió 2,6 %.
De igual forma, hay otros indicadores alentadores, como la reducción de la tasa de desempleo, que está en un dígito (8 % para mayo de 2026), y la pobreza monetaria se ubica en el 31,8 % de la población, cuando en el 2022 era de 36,6 %.
Pero pese a esto, algunos analistas consideran que estas cifras no son suficientes para superar las brechas de pobreza e inequidad, pues para ello se necesita un mayor crecimiento y que este sea sostenido.
Además, plantean que el país, y el nuevo gobierno, enfrenta varios líos económicos que se deben resolver, si se quiere seguir creciendo y, sobre todo, si se busca atender las necesidades de los colombianos.
El profesor de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, habla de tres ‘bombas’ que debe resolver el próximo gobierno. La fiscal, la de la salud y la energética. “Nos estamos acercando a un 7 % de déficit como porcentaje del PIB. Eso es astronómico, y si no se hace un ajuste responsable, gradual y claro, Colombia estaría en riesgo de un default con consecuencias para la estabilidad macroeconómica y el desempeño de la economía en los próximos años”, comentó.
En este punto están de acuerdo la mayoría de analistas, pese a que el Gobierno saliente tiene una visión diferente del manejo fiscal y de la deuda que hoy tiene el país, la cual llega al 58 % del PIB, casi a niveles de la pandemia.
Frente a esto, dice el profesor de economía de la Universidad Icesi, Julio César Alonso, que se requiere más transparencia en el manejo fiscal del país. “No hay ninguna cifra fiable que pueda demostrar que los ingresos son suficientes para pagar los gastos. Lo que el Gobierno ha intentado hacer es cambiar deuda de largo plazo en dólares por deuda local y eso no resuelve el problema. Eso es simplemente refinanciar la deuda, es como pasar de una tarjeta de crédito a otra”.
Alonso plantea otro lío económico del país y es cómo lograr un crecimiento a tasas de 5 %. “Si uno mira qué está pasando con el Producto Interno Bruto en Colombia, lo que observa es que el jalonador, por el lado de la demanda, es el consumo. Pero el impulsor del crecimiento de largo plazo es la inversión. Cuando las empresas invierten en maquinaria, en equipo, eso significa que en el futuro vamos a tener mayor capacidad de producción. Y toda esta inestabilidad y, sobre todo, esos aumentos en los impuestos al patrimonio, lo que hacen es desincentivar la inversión”, dijo el académico.
Para el centro de pensamiento Anif, tras varios años de desbalances persistentes, las cuentas públicas evidencian un deterioro estructural que se ha profundizado en la última década. Por eso creen que los desafíos de la nueva administración apuntan en una dirección común: recuperar la confianza de los inversionistas, fortalecer la capacidad productiva, mejorar la calidad del empleo y restablecer la disciplina fiscal.
Las alternativas
El economista y docente de la Universidad EAN, Juan Diego Lobo, plantea que el país requiere no solo “transparentar y sincerar” las cifras, sino también hacer un ajuste fiscal con dos medidas claves: mayor eficiencia en el gasto público, “se debe racionalizar lo que gasta el Gobierno Central” y revisar el financiamiento de ese gasto público.
“Hay dos caminos: el recaudo tributario, no se ha cumplido con las metas esperadas por la Dian, por lo que el país se tendrá que enfrentar, inevitablemente, a una reforma tributaria, buscando maximizar y hacer lo más real posible el recaudo para poder apalancar el gasto público”, dijo el docente.
La segunda medida, añadió, tiene que ver con el Ministerio de Hacienda y en particular con crédito público para que se adopten medidas para reducir la deuda nacional y hacerla más compatible “con la senda de estabilidad que ha planteado CARF (Comité Autónomo de la Regla Fiscal)”.
El Gobierno ha destacado que en 2025 se redujo la deuda en 0,5 puntos porcentuales, pero reconoce que “este comportamiento se explicó principalmente por la apreciación del tipo de cambio entre los cierres de 2024 y 2025, período en el cual la tasa pasó de $4.409 a $3.757 por dólar, lo que equivale a una apreciación de 14,8 % y contribuyó a una reducción de la deuda de 2,9 puntos porcentuales del PIB”, dijo Lobo.
Al respecto, el economista de la Universidad Icesi, Julio César Alonso, añade que la solución del problema fiscal no es fácil y que pasa por un inevitable recorte de los gastos. “Y, por el otro lado, están los ingresos, aumentarlos es una tarea muy complicada, lo cual nos lleva a la necesidad de reducir los gastos, el tamaño del Estado. Esa es la única forma de poder, en el corto plazo, resolver el problema”.
De acuerdo con el docente, hay unas fuentes de financiación que siempre habían sido importantes, como los ingresos minero-energéticos, que dejan regalías, así como las utilidades de Ecopetrol, que daban la mano cuando el país no tenía ingresos suficientes para cubrir los gastos, “pero ya ese generador de ingresos no lo tenemos y todos los impuestos del sector minero energético, que nos ayudaban a resolver el problema, los estamos perdiendo y se están marchitando, por lo que una alternativa, de mediano plazo, es volver a generar las condiciones para que retomemos la inversión, la producción minera energética y podamos recuperar esos ingresos”, destacó.
Desde el centro de pensamiento económico, Anif, plantean la importancia de realizar un recorte de cerca de 3 puntos del PIB, “que, según nuestros cálculos, deberá provenir de un esfuerzo conjunto entre recorte del gasto y fortalecimiento del recaudo tributario. Corregir los desequilibrios fiscales y estabilizar el nivel de deuda pública es clave para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mantener la confianza de inversionistas y agentes económicos en el mediano plazo”, sugirió la entidad en un informe.
Bomba energética
Para Anif, el sector energético es uno de los que enfrenta problemas de mayor envergadura: pérdida de la suficiencia gasífera, demora en la entrada en operación de proyectos de generación eléctrica, una demanda creciente y vulnerabilidad ante fenómenos climáticos, lo que consideran una combinación peligrosa para garantizar la oferta energética.
“Por tal razón, el sector está expuesto a riesgos plausibles que ponen en riesgo el suministro continuo, con sus consecuentes impactos sobre la actividad económica. Además, la política de exploración y producción de hidrocarburos trasciende la discusión sobre seguridad energética, pues guarda una estrecha relación con la estabilidad fiscal por la importante fuente de recursos que representan para el fisco los ingresos de Ecopetrol”, destacaron los investigadores de este centro de pensamiento.
Además, de las decisiones del actual gobierno relacionadas con el marchitamiento de los proyectos de hidrocarburos, para priorizar la transición energética con energías limpias, en este sector también hay un problema financiero.
Gremios como Andeg indican que la deuda del gobierno con las empresas comercializadoras asciende a un total de $2,3 billones, dinero que corresponde, entre otras cosas, a los subsidios que asumen las compañías y que deben ser cancelados por el Estado. Si no hay giros, Alejandro Castañeda, presidente del gremio, dijo que estas empresas se podrían apagar.
“Colombia necesita seguir enviando señales claras y oportunas para promover nuevas inversiones en generación y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico en el mediano y largo plazo. La seguridad energética requiere planeación, estabilidad regulatoria y decisiones técnicas consistentes”, afirmó.
Futuro de salud
El Gobierno Nacional destaca que la salud ha tenido uno de los presupuestos más altos de los últimos años, este año alrededor de $100 billones, sin embargo, los líos del sector siguen creciendo, así como las deudas y la mala atención a los pacientes.
“Tenemos un sistema que está fuertemente desfinanciado; las partidas presupuestarias desde Minsalud han sido insuficientes, las proyecciones han sido desajustadas frente a lo que el sector y la realidad del colombiano de pie requieren, y eso implica que los incrementos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) van a tener que ser revisados, evaluados con un juicio técnico mucho más acucioso, y que se ajusten de manera tal que a la hora de cubrir los gastos comunes, recurrentes y básicos, no tengamos desajustes vía inflación”, dijo el profesor de la Ean, Juan Diego Lobo.
Agregó que no solo se trata de esto, sino también del manejo de la deuda y de los recursos que no se han girado a tiempo a distintos actores del sistema del sector salud. “Tenemos que verificar, garantizar y movilizar recursos, ¿para qué? Para que las EPS como gestoras de riesgo en salud, que es lo que son en la realidad, puedan acceder a los recursos y puedan pagarle a las EPS, que son los prestadores directos”.
Las clínicas y hospitales argumentan que las EPS les adeudan $25,7 billones a junio de 2025. Así Vamos en Salud publicó un informe más reciente que indica que las EPS tienen cuentas por pagar por más de $40 billones.
A su vez, las EPS dicen que la deuda del Estado con estas compañías es billonaria.
“Hay represadas 10 millones de citas y suministros de medicamentos que se tienen que atender con una situación de suficiencia financiera de las instituciones del sistema, que es crítica. Esta otra de las bombas que se deben resolver”, indicó el profesor de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda.
Los investigadores de Anif coinciden en que uno de los principales problemas del sistema es asegurar la solvencia y sostenibilidad de sus fuentes de financiación. “Lo anterior requiere una revisión de la suficiencia de la UPC, fortalecer los mecanismos de gobernanza para la optimización de recursos en el sistema (seguimiento y control del gasto) y preservar esquemas de aseguramiento que promuevan una asignación óptima de los recursos y una adecuada gestión del riesgo en salud”.