La comisión Cuarta del Senado hundió el proyecto de ley de financiamiento con el que el Gobierno esperaba recaudar $16,3 billones para complementar el presupuesto del 2026, aforado en $546,9 billones.

Con ello, el panorama fiscal sigue complejo para la Nación, pues lo que se espera ahora es que se haga un recorte importante de gastos para el 2026.

Según investigadores de Anif, el proyecto de ley de financiamiento era inconveniente porque incluía varios elementos que afectaban la inversión, el ahorro y, por ende, el crecimiento económico del país.

Por ello, habían recomendado no dar el aval a la iniciativa. “Es probable que el siguiente Gobierno tenga que hacer un recorte sustancial en el presupuesto de 2026, reduciendo de manera significativa el rezago presupuestal que heredará por $41 billones”, explicó José Ignacio López, presidente de Anif.

Para el exministro José Manuel Restrepo, la única salida “responsable” que tiene ahora el Gobierno debe ser el recorte de gastos de funcionamiento, burocracia e inversiones mal focalizadas. “Y porque no, también enviar señales de confianza, que reduzcan el costo del financiamiento público, que es hoy 50% mayor que a inicios de 2022 y crecer más para aumentar el recaudo”, comentó.

Agregó que un error de planeación fiscal-tributaria o de desorden fiscal, no puede dar lugar a que el Gobierno “fabrique” una emergencia económica para luego decretarla.

“La emergencia no se derivaría de un hecho ni sobreviviente ni excepcional. De antemano se sabía que el presupuesto estaba desfinanciado y que la única salida era el recorte. Un instrumento constitucional tan importante no puede “manosearse” para abusar de él y construir la emergencia económica y después decretarla".

Agregó el analista, en referencia a lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien estaría considerando decretar la emergencia económica.

“El Gobierno va a analizar todas las medidas que sean necesarias, no vamos a descartar ninguna de las alternativas que deban presentarse”, dijo este martes, 9 de diciembre.

Sin embargo, desde el Congreso se ha dicho que no existe justificación para que el Gobierno utilice la figura de emergencia económica.

Sigue la crisis fiscal

En un reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, se ratificó la difícil situación que enfrenta el país en materia fiscal.

Según la entidad, para cumplir la meta oficial de déficit primario (2% del PIB) en 2026 se requiere un ajuste fiscal de 1,9% del PIB. “Los riesgos están sesgados a un balance más deficitario: salario mínimo, reformas sociales y mayores rigideces del gasto”.

El CARF advierte presiones crecientes de gasto a mediano plazo por el SGP (Sistema General de Participaciones), más gasto en salud y pensiones, los cuales aumentarían hasta 3,1 puntos porcentuales del PIB entre 2025 y 2036, incluso sin reformas.

Ante esto, aseguran que urgen medidas estructurales para incrementar ingresos permanentes o reducir inflexibilidades del gasto. De lo contrario, anticipan que la deuda “seguirá una trayectoria explosiva”.

Para el CARF, el país necesita un ajuste de al menos 3 a 4 puntos del PIB promedio anual hasta 2036.

Según datos de Anif, entre enero y octubre de 2025, el recaudo tributario bruto ha acumulado $249,1 billones, $25,6 billones por encima del recaudo observado en el mismo periodo de 2024 ($223,8 billones).

“A pesar de las mejoras cifras, el recaudo se encuentra por debajo en $7,9 billones de pesos de la meta de la DIAN. Para completar la meta de recaudo de $305,5 billones para 2025, entre noviembre y diciembre se deben recaudar $56,3 billones, lo cual parece inviable”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que la ley de financiamiento hundida es igual a bonos y riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa, “igual a crisis, más crisis económica”.

Agregó que con esto se vería afectada la política social del Gobierno por los intereses tan altos de la deuda. “Y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras”.