Con el objetivo de atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y responder a la situación financiera que enfrenta el sistema eléctrico, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley con el que busca modificar el Presupuesto General de este año y liberar 3,9 billones de pesos.
De ese monto, $1,2 billones serían trasladados desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte hacia el sector energético, mientras que los $2,7 billones restantes serían destinados al Fondo Milagro para avanzar en las acciones relacionadas con la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.
Los recursos destinados al sector eléctrico ingresarían al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el propósito de atender las obligaciones que las empresas intervenidas mantienen con los agentes del Mercado de Energía Mayorista, entre ellas las deudas relacionadas con la generación de electricidad.
“De no adoptarse medidas, la insolvencia generalizada de los agentes podría derivar en la paralización de las transacciones del mercado mayorista, con consecuencias directas sobre la prestación del servicio en todo el territorio nacional, incluidas las principales ciudades del país”, señala el texto enviado al Congreso.
La propuesta está relacionada con la situación financiera de Air-e, empresa intervenida por el Gobierno Nacional, que a agosto acumulaba una deuda superior a $4 billones con los generadores de electricidad, mientras la Superintendencia de Servicios Públicos proyecta que el déficit operacional podría llegar a $5,4 billones durante el primer semestre del próximo año.
De acuerdo con el planteamiento incluido en el proyecto, al menos 18 empresas podrían verse afectadas financieramente si Air-e mantiene los incumplimientos en sus pagos, una situación que podría comprometer a compañías que prestan el servicio de energía a cerca del 40 % de los usuarios del país.
Por otra parte, los $2,7 billones restantes provendrían del plan de amnistía tributaria contemplado en uno de los decretos expedidos por el Gobierno en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada después del terremoto del 10 de agosto.
Estos recursos serían incorporados al Fondo Milagro, creado para administrar y financiar las acciones de asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y reducción del riesgo en los territorios afectados por el sismo.
El proyecto de ley presentado ante el Congreso plantea así una modificación al presupuesto vigente para disponer de los recursos destinados a los dos frentes definidos por el Gobierno, mientras avanza el trámite correspondiente de la iniciativa en el Legislativo.