Un nuevo decreto del Gobierno nacional hizo realidad un nuevo recorte al Presupuesto General de la Nación, de más de $16 billones, y que se viene a sumar al ajuste que se había hecho de $12 billones pero que había sido aplazado desde el inicio de la actual vigencia fiscal.
Según el decreto firmado, se busca evitar que se concrete el incumplimiento de la regla fiscal, en medio de un contexto económico adverso, en el que la constante ha sido el menor ingreso de recursos al Estado. Tan precaria es la situación que el documento reconoce que la situación fiscal es deficitaria, y que la caja pública no cuenta con los fondos necesarios para cubrir todos los gastos previstos inicialmente.
“El recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas”, señaló el Ministerio de Hacienda en el texto oficial, y agregó que dos factores explican esta desbalance:
1) el recaudo tributario a noviembre de 2025 estuvo por debajo de las metas proyectadas por el Gobierno, y 2) el Congreso de la República no aprobó el proyecto de Ley de Financiamiento, con el que el Ejecutivo planeaba obtener cerca de $12 billones que, debido a la negativa por parte del Congreso, no pudieron ingresar a las arcas del Estado.
El recorte anunciado afecta directamente programas de inversión social, una de las apuestas más importantes que ha tenido el gobierno en cabeza de Gustavo Petro. Uno de los sectores que se verá afectado es el de la educación, pues se oficializó una reducción superior a $1.38 billones en el programa de “Calidad y fomento de la educación superior”, lo que se verá reflejado en la financiación y los planes de fortalecimiento de las universidades públicas del país.
La Presidencia de la República también se verá obligada a ajustar su presupuesto, puesto que el decreto ordena la reducción de más de $122.000 millones en gastos, lo que afectará al Fondo Colombia en Paz, así como a programas de derechos humanos y procesos de modernización.
Entidades como el Instituto Nacional de Vías (Invías), así como la Agencia Nacional de Tierras, verán reducidos sus fondos para la inversión. También el sector salud, con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Invima, registrarán disminuciones en sus presupuestos de funcionamiento y compra de bienes.
El decreto ordena a todas las entidades del Estado realizar los ajustes contables de manera inmediata.