La economía colombiana se enfrenta a un panorama de incertidumbre tras el decreto del Gobierno Nacional que fijó el salario mínimo para 2026 en $1.750.905. más auxilio de transporte.
Según el equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, este ajuste del 23 %, sumado a las nuevas cargas de la reforma laboral, podría desencadenar la pérdida de hasta 734.000 trabajos en todo el territorio nacional.
El análisis detalla que el incremento desproporcionado en los costos laborales obligaría a las compañías a realizar ajustes drásticos en sus nóminas. El objetivo de las empresas sería preservar la rentabilidad en un entorno donde el margen Ebitda podría reducirse, en promedio, un 4,4 %, afectando la viabilidad de numerosos proyectos productivos.
El informe de la entidad bancaria identifica que las actividades profesionales serían las más golpeadas por esta política salarial. Se estima que en este rubro se podrían eliminar 390.537 empleos, lo que representa el impacto más severo de la medición.
Esta cifra se explica por la alta dependencia de mano de obra calificada y los estrechos márgenes de operación de muchas firmas prestadoras de servicios.
Por su parte, el sector del comercio registraría una disminución de 71.917 puestos, mientras que la construcción perdería 54.537 plazas adicionales. Estos tres sectores agrupan el 82 % del efecto negativo total, dado que sus estructuras de costos están fuertemente ligadas al número de trabajadores activos para su funcionamiento cotidiano.
Otros rubros que reportarían cifras rojas incluyen el entretenimiento, con una proyección de 44.225 cargos menos, y la manufactura, que dejaría de percibir 42.774 puestos de trabajo. Incluso el sector del alojamiento y los restaurantes vería una reducción de 32.958 empleos, complicando la recuperación de la industria turística nacional.
El aumento del mínimo no solo afectaría la empleabilidad, sino que también impulsaría la inflación hasta un proyectado 6,4 % anual. Esta aceleración en los precios de la canasta básica forzaría al Banco de la República a adoptar una política monetaria más contractiva, con la posibilidad de elevar las tasas de interés hasta un 11 % para el mes de julio.
“Cerca del 6,5 % de los componentes del IPC están indexados directamente al salario mínimo, lo que generará alzas automáticas en servicios de administración, educación no escolar y servicios personales. Además, el déficit fiscal del país podría escalar hasta el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) debido al encarecimiento del sistema pensional y las nóminas públicas". Explico la entidad
Paralelo a las preocupaciones económicas, la validez del Decreto 1469 de 2025 está siendo cuestionada ante el Consejo de Estado. La abogada Heimy Blanco Navarro, representante de Chapman Wilches, interpuso una demanda buscando la nulidad de la medida, argumentando que el Gobierno de Gustavo Petro ignoró los parámetros técnicos legales para fijar el incremento.