Colombia requiere alrededor de $19 billones de inversión anual en vías para cumplir con los proyectos priorizados y no priorizados del país. Además, se necesitan $5,6 billones anuales para la rehabilitación de la malla vial terciaria, todo esto para los próximos 10 años.
Si se piensa en un periodo más largo (2036-2045), el país requiere una inversión anual promedio de $11,9 billones para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y operación de 5.535 km de malla vial primaria y secundaria, y de $6,7 billones para la intervención de 62.887 km de vías terciarias.
La cifra provino de un estudio que realizó Anif, en alianza con la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, en el que también presentaron alternativas de financiación, diferente a los recursos del Estado y de los contribuyentes.
Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, dijo que hay posibilidad y necesidad de abrir puertas a nuevas fuentes de financiación al sector de la infraestructura.
“Estamos acostumbrados a la financiación de vías con peajes, pero resulta que hay otros caminos. Lo interesante de este ejercicio con Anif, es darle cabida a otras alternativas que aún son incipientes en el país”, destacó el líder gremial durante el Congreso Nacional que se desarrolla en Cartagena.
Fuentes de financiación
El estudio presentó varias alternativas de fuentes de financiación que puedan operar de manera conjunta para lograr una inversión que permita al país cumplir con las metas en materia de infraestructura.
Esta iniciativa se presenta debido a los problemas fiscales que afronta el país y que, en el corto plazo, limitarán los recursos directos hacia diversos proyectos de infraestructura.
Obras por impuestos: según información de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entre 2018 y 2024, cerca de 210 empresas han utilizado este mecanismo de financiación, por medio de las cuales se han ejecutado 409 proyectos. De estos, 233 corresponden a proyectos desarrollados en municipios Pdet ($2,03 billones) y 176 en municipios Zomac ($931.034 millones).
“A pesar del éxito demostrado del mecanismo en términos de participación empresarial y recursos movilizados, persisten desafíos como gestión de costos no previstos durante la ejecución de proyectos; deficiente estructuración de proyectos cuando los entes territoriales son los proponentes; y, desarrollo de esquemas innovadores que involucren al sector privado en el mantenimiento posterior a la entrega del proyecto”, destacó José Ignacio López, presidente de Anif.
La propuesta de la entidad es que se desarrolle la posibilidad de comprometer impuestos futuros de renta para el financiamiento de proyectos de infraestructura estratégica que requieran más recursos para su ejecución.
El segundo mecanismo sería Obras por regalías: el primer proyecto realizado bajo el mecanismo de fue la construcción de una placa huella de cerca a 3,8 km en el municipio de San Benito Abad (Sucre).
La ejecución de esta obra fue resultado del acuerdo entre Canacol Energy y la gobernación de Sucre. “Pese al éxito de este proyecto, de acuerdo con la experiencia de Canacol Energy, el proyecto estuvo permeado de una serie de desafíos burocráticos y de falta de coordinación interinstitucional a nivel nacional y departamental”.
La propuesta es que en lugar de que cada territorio productor ejecute su propia obra local, los recursos pueden concentrarse en proyectos de impacto regional o nacional como corredores logísticos o troncales estratégicas, los cuales generan un mayor valor agregado.
Y en tercer lugar plantean la contribución de Valorización. Según el estudio, aunque su aplicación ha sido limitada y enfrenta múltiples desafíos institucionales y operativos, la valorización continúa siendo una importante fuente de financiación para proyectos de infraestructura.
“Resulta prioritario actualizar y armonizar el marco legal de la contribución de valorización, definiendo con claridad las variables necesarias para determinar la obligación tributaria, los métodos para cuantificar el beneficio y las reglas de liquidación. Ello, sin perjuicio de garantizar bases catastrales actualizadas y confiables”, plantearon.