El Gobierno de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, dio un paso inédito en casi seis décadas al autorizar la creación de asociaciones entre empresas estatales y privadas. La medida, aprobada el martes 3 de marzo, marca un nuevo capítulo en la política económica de la isla, que sigue teniendo bajo control exclusivo del Estado sectores estratégicos como la salud, la educación y la defensa, en medio de la profunda crisis que atraviesa el país.
La decisión quedó consignada en el Decreto-Ley 114/2025 del Consejo de Estado, que comenzará a regir a inicios de abril. La norma establece el marco jurídico para las “asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales”, con el propósito de conformar sociedades mixtas de responsabilidad limitada, según lo publicado en la Gaceta Oficial.
De acuerdo con el texto, estas nuevas sociedades contarán con autonomía empresarial. Podrán definir el número de trabajadores, fijar salarios y abrir establecimientos comerciales tanto dentro como fuera del territorio nacional. La disposición busca dinamizar una economía que enfrenta severas restricciones, agravadas por la falta de divisas y las limitaciones externas.
Sin embargo, el decreto fija límites claros. Las asociaciones no podrán participar en la prestación de servicios de salud ni de educación, ni desarrollar actividades vinculadas a las instituciones armadas. Además, aunque gozarán de mayor flexibilidad operativa, el Estado continuará preservando el control sobre áreas consideradas esenciales dentro del modelo socialista.
Este anuncio se suma a otras medidas adoptadas en los últimos años. En 2021, el Ejecutivo autorizó la creación de pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), con un tope de hasta 100 empleados, tras casi 60 años de prohibición. Desde entonces, el sector no estatal ha ido ampliando su presencia en distintos segmentos productivos y comerciales.
El avance del sector privado ha coincidido con un escenario económico particularmente complejo. La isla enfrenta una contracción prolongada, marcada por el endurecimiento del embargo estadounidense, la caída del turismo —uno de los principales generadores de ingresos—, las dificultades derivadas de la reforma monetaria y los problemas estructurales de las empresas estatales.
Para 2025, cerca de 9900 empresas privadas representaban alrededor del 15 % del Producto Interno Bruto y empleaban a más del 30 % de la población económicamente activa. Ese mismo año, el comercio minorista privado superó por primera vez al estatal, concentrando el 55 % de las ventas totales.
En paralelo, Washington autorizó la venta de combustible a empresas privadas cubanas, siempre que las operaciones no beneficien directamente al Gobierno comunista, que se mantiene en el poder desde 1959.
Este contexto refleja una reconfiguración gradual del modelo económico cubano, que intenta encontrar nuevos mecanismos para sortear la crisis sin renunciar al control estatal sobre sectores clave.