La reciente suspensión provisional del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 por parte del Consejo de Estado ha generado incertidumbre entre trabajadores, pensionados y economistas.
El fallo judicial dejó en el aire un incremento que, anunciado originalmente en alrededor del 23 %, buscaba proteger el poder adquisitivo frente a la inflación, pero fue frenado por presuntas fallas en su fundamentación jurídica.
La noticia prendió las alarmas especialmente entre los beneficiarios de Colpensiones, la entidad pública que administra el Régimen de Prima Media y que concentra a la mayoría de los jubilados que devengan un salario mínimo o cercano a este.
Frente a esa ola de dudas, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, en entrevista con Semana, explicó el impacto de la medida y cómo se organiza la entidad para garantizar el pago de las pensiones sin contratiempos.
“Respetamos y acatamos plenamente las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. La medida del Consejo de Estado es de carácter provisional”, afirmó Dussán, quien enfatizó que la entidad ajustará sus acciones según lo disponga la normatividad vigente y las directrices que emita el Gobierno nacional.
Según el directivo, Colpensiones tiene la capacidad técnica y financiera para atender las obligaciones pensionales, independientemente del resultado definitivo de la revisión judicial. En este sentido, recordó que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar que las prestaciones económicas lleguen de forma oportuna y completa a los pensionados, sea cual sea el ajuste que termine por imponerse.
Con relación a los pensionados que ganaban más del salario mínimo antes del decreto y que ahora se encontraron recibiendo el mínimo o ajustes por inflación, Dussán explicó que la entidad actuará con base en la normativa legal vigente y con rigor técnico, evitando especulaciones o interpretaciones prematuras sobre los efectos de la medida cautelar.
Dussán aclaró que, al tratarse de una decisión provisional sin efectos retroactivos, no es correcto anticipar conclusiones sobre impactos económicos definitivos hasta que se produzca una decisión de fondo.
Además, recordó que la entidad seguirá cumpliendo su misión de protección de los derechos de los pensionados con transparencia, eficiencia y seguridad jurídica.
El tema continúa en estudio tanto en el ámbito judicial como en el Ejecutivo, y los próximos días serán clave para definir si el Gobierno expide un nuevo decreto que cumpla con los requisitos legales exigidos por la justicia.
Hasta entonces, Colpensiones mantiene el compromiso de garantizar la continuidad del pago y la estabilidad de los ingresos de los pensionados, dando respuesta institucional a las inquietudes que ha generado este caso de alto impacto nacional.
Al cierre de la entrevista publicada por Semana, también se le preguntó al presidente de Colpensiones qué tan cierto es que el Gobierno podría expedir un nuevo decreto transitorio con el mismo aumento del 23 %, ante lo cual respondió que “ese es un asunto en el que Colpensiones, como administrador del Régimen de Prima Media, no tiene injerencia” concluyó.