La Contraloría General de la República, CGR, hizo varias advertencias relacionadas con la situación portuaria en Buenaventura, durante un foro programado allí por el ente.
El organismo de control propuso cambios en las contraprestaciones que los puertos le pagan al Estado, con el fin de que estos dineros se reinviertan en la misma infraestructura portuaria.
Según datos entregados por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en la última década el Distrito de Buenaventura generó una contraprestación por $ 428.000 millones, de los cuales solo el 61 % ($ 262.000 millones) fue invertido en el Distrito.
Por ejemplo, estos recursos serían clave para financiar la ejecución del dragado de profundización del canal de acceso a la bahía, como lo han propuesto varios sectores de la región.
La recomendación de la Contraloría se da porque muchos de los contratos de concesión portuaria se vencen en 2032.
Según la entidad, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tiene hoy 58 contratos, de los cuales solo 19 movilizaron el 44 % de la carga en 2024 y ya tienen la máxima prórroga de concesión que permite la ley.
Esto implicaría, según Rodríguez, “que los puertos asociados a estos tendrían que ser revertidos a la Nación, sin que a hoy esté claramente definido un proceso de entrega y qué entidad pública con capacidad y experiencia se haría cargo del manejo de ellos”.
Por eso, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que desde ya diseñe e implemente un plan de acción estratégico que permita solucionar esta situación y continuar con el proceso de gestionar y mantener los puertos del país, “preferiblemente a través de las asociaciones públicas privadas”.
Rodríguez recordó que desde 1991 el modelo de concesiones permitió que la capacidad portuaria creciera de 21 millones de toneladas, en 1995, a más de 400 millones en 2024.
Liborio Cuéllar, gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, dijo que, frente al tema de las concesiones y sus prórrogas, “el Estado es el que tiene que tomar las decisiones a tiempo y mirar con claridad cuál es la visión que tienen del futuro de los puertos”.
Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que las iniciativas privadas portuarias deben aportar más al desarrollo local, generando empleo de mejor calidad.
“La propuesta de mejorar los mecanismos de retribución de los puertos a los territorios debe quedar planteada este año, al igual que hacer un balance de la Ley Primera que, si bien ayudó, ahora tiene grandes retos que involucran a los territorios”, afirmó la funcionaria.
Sobre el dragado de la bahía, Invías confirmó que los estudios ambientales estarían listos para final de año y que se sigue avanzando en las consultas.