El solo anuncio de la imposición de un arancel del 30 % para los productos de Colombia, por parte de Ecuador, generó cambios en los negocios entre estos dos países.
Un empresario caleño, que comercializa azúcar en el vecino país, cuenta que la decisión del presidente Daniel Noboa hizo que muchos anticiparan sus pedidos para lograr pasar más productos por la frontera, antes de este 1 de febrero, fecha que dispuso el vecino país para que empiecen a operar los aranceles.
“Muchos clientes ecuatorianos empezaron a pedir que la mercancía llegue antes y de repente no se podía conseguir transporte. Un flete de $5.700.000 de Cali a Tulcán ya está a $8.000.000, todos juegan con la necesidad y empiezan subir la tarifa”, dijo el empresario que prefirió omitir su nombre.
Añadió que las consecuencias de decisiones inesperadas como imponer aranceles de un día a otro lo que producen son especulación y carestías. “Es un estrés lamentable lo que está pasando, aporreando a los trabajadores, empresarios, ninguno de los dos gobiernos se pone a pensar quién es el más afectado”.
Explicó que establecer relaciones y conseguir mercados no es fácil, por eso no quieren tomar decisiones rápidas para no afectar a los clientes y aseguró que la estrategia para enfrentar los aranceles, si estos persisten, dependerá de cómo evolucione la relación de los gobiernos, por lo que darán un compás de espera.
Por ahora, dijo que la aduana ecuatoriana colapsó porque todos querían ingresar mercancías y tomar el arancel en cero, antes del 1 de febrero. “Igualmente estará pasando por el lado de Colombia. Hay que esperar, no lastimar a los clientes”.
Otro caso lo vive una de las multinacionales que operan en Cali, aunque tienen una filial en el vecino país, son los que los surten de los productos de consumo masivo que distribuyen.
Una de las líderes contó que ningún empresario puede asumir un costo adicional del 30 %, de un día para otro, por lo que dice que más temprano que tarde esto significará un mayor costo de los productos para los ecuatorianos y colombianos, teniendo en cuenta que Colombia, como medida recíproca, también implementó aranceles a las importaciones de Ecuador.
“Lo primero es que este anuncio hizo que se tratará de adelantar el abastecimiento para ingresar productos antes de 1 de febrero. Lo otro que es claro es que no hay negocio que aguante que le cobren una tasa de 30 %, en especial para productos de consumos masivo, y los impactos dependerán de cada compañía”, dijo la líder, que también prefirió omitir su nombre.
Por su parte, Hernando Ardila, vicepresidente para la región Andina de la compañía Imbera, comentó que la organización tiene la ilusión de que este tema arancelario se pueda superar sin que se afecten las industrias de ambos países.
“Esto nos genera mucha preocupación, se supone que somos países hermanos y con esas decisiones termina perjudicada, no solo la industria colombiana sino algunos segmentos del mercado ecuatoriano”.
Imbera es una planta que produce refrigeradores comerciales que pertenece a un grupo de inversión de origen de New York de nombre Millpoint, conocida comercialmente como Aeritek.
A Ecuador envían desde esta región el 15 % de sus exportaciones a clientes como Coca Cola, Pepsi y cerveceras, mercado que asegura está en riesgo porque los ecuatorianos no estarían dispuestos a asumir ese arancel o tasa del 30 %.
Además, comentó que hay competidores en otros países, que no tienen ese impuesto que podrían aumentar su presencia en el vecino país, aprovechando este momento.
Otro punto que destacó el empresario es que los aranceles afectan la competitividad de las empresas y del país, de tal manera que compañías como Imbera, que es una multinacional que llegó a Colombia porque ofrecía ventajas competitivas, podrían revaluar, a nivel global, esa posición con las condiciones actuales.
“La verdad esperamos que esto se pueda superar entre los gobiernos, y vamos a sentarnos con los clientes para buscar opciones”, detalló.
Claudia Calero, presidente de Asocaña, también espera que haya salidas diplomáticas al lío comercial. “Confiamos en que prevalezca la prudencia y que los gobiernos logren frenar este ir y venir de medidas restrictivas, que afectan a las empresas, a los trabajadores y a los consumidores de ambos países”.
Agregó que si el arancel se mantiene, el impacto muy alto: “En el caso del azúcar, se pone en riesgo uno de nuestros cinco principales mercados de exportación, al cual entre 2023 y 2025 enviamos en promedio 64.623 toneladas anuales.
Calero explicó que los clientes y las empresas están muy preocupados porque los impactos son inmediatos y que, tanto de un lado como del otro, se han visto obligados a sentarse a revisar escenarios y alternativas. “El arancel deja al azúcar colombiano en una clara desventaja frente a otros competidores y rompe reglas de juego que habían sido estables durante años”.
Colombia es el principal proveedor de Ecuador, en 2025 el sector azucarero envió 64.400 toneladas, el 80% del déficit que este país tiene en azúcar. “Lo más probable es que aumente el precio interno en Ecuador, lo que abre la puerta a que otros países de la CAN, como Perú y Bolivia, ingresen con arancel cero”, comentó.
Piden acuerdos
Según datos de la Cámara de Comercio de Cali, unas 440 empresas del Valle del Cauca exportan al vecino país y, muchas de ellas, saldrían afectadas por los aranceles; no solo grandes compañías, sino también pequeñas sociedades que están iniciando su trayectoria exportadora y que encuentran en Ecuador un primer paso natural por cercanía, costos logísticos y afinidad comercial.
Se calcula que desde la región se vendieron el año pasado 1.028 subpartidas arancelarias al mercado ecuatoriano. Los cinco principales productos representaron 37 % del total exportado del departamento hacia ese destino.
Los productos líderes en 2025 fueron: azúcar (US$ 29 millones), medicamentos (US$ 27 millones), hilos, cables y conductores aislados para electricidad (US$25 millones), preparaciones capilares (US$ 18 millones) y artículos de confitería sin cacao (US$ 17 millones).
Rafael Muñoz, director de Acopi en el Valle del Cauca, comentó que para una Pyme exportadora, un incremento arancelario del 30 % no es un ajuste marginal, es un “shock económico directo” que puede generar perdida de contratos internacionales, ruptura de relaciones comerciales consolidadas, reducción de ingresos de divisas, impacto en el empleo, retroceso en los procesos de internacionalización empresarial como también afecta las estructuras de costos, bajando el margen de rentabilidad.
“Esta medida obliga a nuestras empresas a replantear precios finales de exportación, rediseñar estructuras de costos, ajustar proyecciones financieras, revaluar estrategias comerciales y de mercado, posponer o cancelar pedidos al hermano país”, por ello, solicitó que esta medida sea abordada por la vía diplomática, comercial e institucional, buscando su revisión, ajuste o eliminación mediante los mecanismos bilaterales.
Ese mismo llamado lo hizo Aliadas, entidad que une a asociaciones y gremios en el país, que solicitó que se utilicen los mecanismos institucionales de la Comunidad Andina (CAN) para entablar un diálogo y, al mismo tiempo, se activen medidas de apoyo para las empresas más afectadas.
“Este tema debe manejarse dentro de las reglas: el marco común de la CAN existe para resolver diferencias comerciales de forma institucional, y acudir a él es fundamental para recuperar la estabilidad, dar certeza a las empresas y evitar que el impacto llegue al empleo y a la producción”, pidieron los asociaciones y gremios vinculadas a Aliadas.
Según esa entidad, las exportaciones involucradas en los productos más expuestos superan los US$ 1.371 millones en todo el país, concentradas principalmente en cinco grandes frentes productivos: industria de transformación y manufacturas; bienes de capital, transporte y tecnología; agroindustria; petróleo, minería y recursos extractivos; y textil, confecciones y calzado.
“En estas actividades participan empresas de todos los tamaños, lo que amplifica el efecto sobre el empleo y las economías regionales. Sin embargo, también existe una base real para reaccionar: cerca de US$ 1.043 millones de ese valor corresponden a bienes que Colombia ya coloca en otros mercados, lo que significa que alrededor del 76 % del comercio afectado podría redirigirse si existe un acompañamiento ágil y coordinado”.