La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, expresó su preocupación por la incertidumbre jurídica generada tras la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026.
La decisión fue adoptada por el Consejo de Estado, que dejó sin efectos el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 y ordenó al Gobierno Nacional expedir un decreto sustitutivo en un plazo de ocho días calendario.
De acuerdo con el alto tribunal, la medida cautelar busca establecer un porcentaje y un valor transitorio que regirá mientras se adopta una decisión de fondo dentro del proceso judicial. Entre tanto, el nuevo acto administrativo deberá ser expedido y publicado por el Ejecutivo dentro del término señalado.
Acopi señaló que esta situación impacta de manera directa a las microempresas, segmento que concentra una parte significativa de la contratación en el rango del salario mínimo. El gremio indicó que actualmente miles de empleadores formales no cuentan con certeza sobre cuál referencia aplicar en aspectos como nóminas, contratos laborales, aportes a seguridad social y presupuestos empresariales.
Según la organización, la falta de claridad normativa afecta la planeación financiera y la estabilidad operativa de las unidades productivas. En su pronunciamiento, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para que actúe con celeridad y dentro del marco legal, con el fin de garantizar seguridad jurídica y evitar que la incertidumbre se traslade al funcionamiento cotidiano de las empresas y al ingreso de los trabajadores.
Acopi enfatizó que las micro, pequeñas y medianas empresas requieren estabilidad normativa para cumplir oportunamente con sus obligaciones laborales. También subrayó que una decisión judicial de esta naturaleza debe traducirse en lineamientos claros que permitan asegurar el pago de salarios y brindar certeza a los trabajadores sobre su remuneración.
En su comunicación, el gremio reiteró que la fijación del salario mínimo debe abordarse con un enfoque integral que contemple variables como productividad, inflación, capacidad de pago empresarial, realidades sectoriales y regionales, así como el impacto en la formalidad laboral. Indicó que la sostenibilidad del empleo formal es un objetivo relevante dentro de la política salarial.
Finalmente, Acopi informó que continuará participando en las mesas de concertación con el Ministerio del Trabajo y que mantendrá informados a sus afiliados sobre las orientaciones que se deriven del decreto transitorio que deberá expedir el Gobierno, con el propósito de facilitar el cumplimiento normativo y la continuidad empresarial mientras se resuelve el proceso judicial en curso.
*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País