Tras las denuncias conocidas en los últimos días por parte de actrices, actores y empresarios del sector cultural, como lo han hecho las reconocidas actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, instalaron una mesa de trabajo interinstitucional que marca el inicio de una labor de inspección, vigilancia y control y de acompañamiento integral al sector artístico.
Así, los ministros mencionados anunciaron la puesta en marcha de una ruta institucional orientada a la inspección, la formalización y la pedagogía laboral en el ámbito cultural, que incluirá la revisión de las denuncias relacionadas con la Fundación T de Teatro.
La polémica
Hace algunos días, a través de sus redes sociales, la actriz Marcela Gallego desató la polémica al denunciar la falta de garantía laboral para los actores en el país, al asegurar que la Fundación T de Teatro no le había pagado, tras su trabajo en la obra ‘Las novias de Travolta’.
Son más de cuatro décadas de labor artística las que lleva Marcela Gallego haciendo parte de grandes producciones de la televisión, el teatro y el cine en el país.
Según Gallego, durante cerca de seis meses, realizó más de 12 funciones en dicha obra realizada por la Fundación T de Teatro, lo cual generó un alto impacto que permitió la intervención del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de las Culturas en este caso.
Pasos a seguir
“El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad. La inspección laboral ha estado históricamente asociada a otros sectores económicos, pero hoy damos un paso decisivo para aplicarla también en el ámbito cultural, no con un ánimo sancionatorio inmediato, sino con un enfoque pedagógico que nos permita avanzar hacia la formalización y la garantía efectiva de derechos”, afirmó Sanguino.
El jefe de la cartera laboral explicó que la actuación institucional comprenderá la revisión detallada de las denuncias y la evaluación de posibles incumplimientos en materia de obligaciones laborales, de conformidad con la legislación vigente y los principios incorporados en la Reforma Laboral.
“Nuestra responsabilidad es garantizar que artistas, técnicos y trabajadores vinculados a la producción cultural cuenten con condiciones dignas, pago oportuno y mecanismos claros de reclamación”, agregó.
Por su parte, Kadamani anunció el acompañamiento integral del Ministerio de las Culturas en la convocatoria a las personas denunciantes y en la articulación con la cartera de Trabajo para facilitar las acciones administrativas correspondientes.
“La cultura es un pilar de lo público y no puede sostenerse sobre la precarización. Acompañaremos cada paso de este proceso para que quienes han presentado quejas reciban respuestas claras y acciones concretas. La dignificación laboral hace parte de nuestra apuesta estructural por transformar el sector”, señaló.
La Ministra subrayó que programas como Dignidad Mayor, recientemente lanzado, así como las estrategias formativas en el marco de Artes para la Paz, buscan no solo fortalecer la creación artística, sino también promover condiciones de sostenibilidad y formalización para quienes hacen posible la vida cultural del país.
La hoja de ruta acordada entre ambas carteras contempla la gestión inmediata del Ministerio del Trabajo para atender los reclamos presentados por artistas y trabajadores en este caso específico.
También en el avance en procesos de inspección en salas y espacios culturales donde existan denuncias formales, junto a una estrategia de socialización dirigida a trabajadores y
empleadores del sector sobre los alcances de la Ley del Actor y las disposiciones aplicables de la Reforma Laboral, con el fin de fortalecer el conocimiento de derechos y deberes.
Se iniciará la apertura de un diálogo tripartito entre artistas y trabajadores vinculados a la producción artística, directivos de la Fundación T de Teatro y la institucionalidad, con el propósito de explorar acuerdos que permitan superar la situación planteada.
Sanguino enfatizó en la necesidad de reconocer la realidad económica de las salas de teatro independiente y sus desafíos en términos de sostenibilidad.
“En Colombia existen más de mil salas de teatro con características diversas. La institucionalidad debe reconocer esas particularidades para diseñar procesos de formalización viables, que no desconozcan las dificultades del emprendimiento cultural, pero que tampoco justifiquen la vulneración de derechos”, afirmó.