Participación política, verdad y reconciliación y reincorporación urbana fueron los temas relacionados con el Acuerdo de Paz que se debatieron ayer en Cali.

Para ello se dieron cita el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu; el exjefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, y el senador por el Partido Comunes Julián Gallo, quienes analizaron con la docente de la Universidad de Los Andes Sandra Borda, bajo la moderación de Diego Arias, el primer punto de la agenda desarrollada en el Centro Cultural de Cali.

Según la académica, la “tensión” que se mantiene en el país ante el hecho de que algunos excombatientes actualmente ocupan escaños en el Congreso de la República no se originó en la firma del Acuerdo del Teatro Colón, sino que se hizo más visible a partir de ese noviembre del 2016.

La participación en política a fuerzas distintas de los partidos tradicionales “ha estado restringuida desde antes (de la Paz), solo que ahora se está haciendo más visible”, argumentó Borja, quien agregó que si bien en La Habana se conquistaron unos derechos, no se resolvió el acceso de esos nuevos actores al sistema político colombiano porque no fue modificado.

A su vez, Ruiz enfatizó que “la participación activa y efectiva de las mujeres y la juventud es condición fundamental para la construcción de una paz sostenible e inclusiva en Colombia” y que “su liderazgo y participación política son fundamentales para fortalecer la democracia”.

El director de Verificación de la Misión de la ONU en Colombia, sostuvo que la JEP ha mostrado “resultados concretos” y también resaltó actos de perdón de algunos exfarianos.

De igual forma, indicó que “la violencia es uno de los mayores retos para la participación política. Las pasadas elecciones fueron las más pacíficas e incluyentes. Es fundamental ahora garantizar condiciones de seguridad para participación plena”.

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A su turno, De la Calle señaló que ese eslabón de la participación política de quienes hicieron dejación de las armas debe ir a la par de otro tema del Acuerdo que es fundamental, como es la reforma rural integral.

Según las cifras que expuso ante el auditorio, hasta el pasado 30 de junio al Fondo Nacional de Tierras había ingresado 14.751 predios, equivalente al 46,2 % de los tres millones de hectáreas pactadas en La Habana, lo que implica que en los doce años de implementación solo se entregaría el 21,7 %.

Entre tanto, Gallo indicó que, tras el asesinato de 290 exintegrantes de las Farc en la legalidad, “¿cómo pensar en salir a hacer campaña para las próximas elecciones en los territorios?”.

Ahora bien, frente a la reincorporación, que fue otro de los temas tratados en el foro ‘Acuerdo Final de Paz: balance, retos y propuestas a cinco años de su firma’, Daniel Luz, jefe de la Oficina Regional Cali de la Misión de Verificación de la ONU, fue uno de quienes llamó la atención sobre el reto que está significando la llegada de más y más excombatientes a ciudades como Cali, tras su salida de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr.

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Por ello, el representante del Instituto Kroc, Gerard Martin, argumentó que “ya es momento de pasar del diseño de estrategias y de los planes (de implementación) en el papel a los territorios, teniendo en cuenta las diferencias entre la ruralidad y los sectores urbanos, así como de las distintas regiones entre sí”.

Entre tanto, Natalia Salazar, directora (e) de la Agencia Nacional para la Reincorporación, contó que actualmente 7200 firmantes de la Paz reciben apoyo para el desarrollo de sus proyectos productivos, siendo 90 de ellos de carácter colectivo.

Precisó que la hoja de ruta que sigue cada excombatiente en la legalidad está compuesta por siete garantías, entre las que se cuenta el acceso a la educación, de la cual 4500 personas son beneficiarias en estos momentos.

Fanny Castellanos, una firmante del Acuerdo del Teatro Colón, reconoce que hay varios aspectos positivos en la reincorporación, pero urge que los procesos “tengan mayor velocidad, porque hay muchas necesidades”.

De la Calle se mostró en desacuerdo con convocara una constituyente en el país, pero sí cree necesario un pacto social, especialmente por los ajustes que se deben hacer a nivel de justicia.

Y con respecto al tercer tema tratado en el foro, el de la verdad y la reconciliación, Orlando Riascos, secretario de Paz Territorial del Valle del Cauca, argumentó que “no podemos restarle valor al Sistema Integral para la Paz, compuesto por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que ayuda a la construcción del tejido social, como ha ocurrido en el municipio de Sevilla”, al norte del departamento.

En su opinión, la mayoría de los colombianos no les creen a quienes están contando la verdad y mencionó como ejemplo el reconocimiento que hicieron antiguos jefes de la extinta guerrilla del asesinato del líder político Álvaro Gómez Hurtado.

Así mismo, Olga Marín, una de las firmantes del Acuerdo residente en Cali, preguntó ante el auditorio: “¿Si hay interés porque haya reconciliación, por qué el odio sale de la política?” y enfatizó en que “la verdad no puede darse sola, sino que también se necesita justicia social”.

Y Raúl Rocende, director de Verificación de la Misión de la ONU en Colombia, destacó el cáracter único que tiene el Acuerdo con las Farc porque concilia la verdad y la justicia con la paz, pero insitió en que se debe implementar de manera integral.