Caravanas de combatientes que salían de la selva y eran cuidados por el Ejército y la Policía mientras atravesaban ciudades como Cali rumbo a las zonas veredales donde vivirían mientras se reincorporaban a la legalidad...
Esa imagen, junto a la del apretón de manos entre el entonces Presidente y el jefe de la otrora guerrilla más grande de América Latina, y la de un contenedor inmenso de la Organización de Naciones Unidas repleto de armas usadas en 50 años de guerra le dieron la vuelta al mundo hace una década.
Eran los albores del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc el 24 de noviembre de 2016, el cual despertó el entusiasmo de la comunidad internacional, que lo catalogó como “el más completo” entre los 34 concretados a nivel global desde 1989.
Una década después, ¿cómo va la implementación de los seis puntos negociados en Cuba y refrendados por Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño en el Teatro Colón de Bogotá?
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en su informe de octubre pasado, señala que “la reincorporación de más de 11.000 excombatientes (de 16.000 firmantes iniciales) constituye un logro importante”, ratificando el ambiente de tranquilidad que se percibió en el país durante los años 2016 y 2017.
Sin embargo, reconoce que “la situación se deterioró en varias zonas” porque, a la retirada de esa guerrilla de los territorios que controlaba “no le siguió el pleno despliegue de las instituciones estatales, garantías de seguridad y servicios públicos”, lo que posibilitó que “grupos armados existentes e incipientes ampliaran su presencia y reforzaran sus capacidades operacional y financiera” allí.
Eduardo Pizarro, profesor emérito de la Universidad Nacional, afirma que la Segunda Marquetalia y luego el Estado Mayor Central, “un grupo disidente y un grupo reincidente” de las Farc fueron resultado de las “serias tensiones” que desde La Habana ya se percibían entre ‘Timochenko’, que planteaba deponer las armas para generar confianza en el tránsito a la política, y su segundo, ‘Iván Márquez’, quien proponía conservar las armas para garantizar el cumplimiento de lo pactado “por la élite colombiana”.
Y califica esa ausencia del Estado de las zonas más golpeadas por la guerra como “el mayor factor de fracaso parcial” del Acuerdo. “Colombia tiene una construcción estatal deficiente”, no ha combatido con la seriedad debida las rentas ilegales que alimentan los grupos criminales y las Fuerzas Militares se han debilitado, “por lo que no hay ocupación permanente de esas zonas, permitiendo la creación de gobernanzas criminales que intimidan la población local”.
“Me parece muy importante reflexionar sobre por qué el Acuerdo de Paz de La Habana no nos llevó a la paz, pero, al mismo tiempo, por qué ningún proceso de paz nos ha llevado a la paz”, anota Pizarro, al evocar los pactos previos con el M19, el PRT, el EPL, el Quintín Lame y las AUC, y la realidad de que hoy “Colombia sigue teniendo el segundo conflicto más prolongado del mundo contemporáneo”.
Cómo avanzar en la implementación
“La implementación efectiva de la reforma rural integral puede contribuir de manera significativa a consolidar la paz y la seguridad, mediante disposiciones que amplíen la presencia del Estado, refuercen el desarrollo económico y aborden las condiciones que alimentan las economías ilícitas”, sugiere precisamente el informe de la ONU que, por solicitud expresa del gobierno de Abelardo de la Espriella, dejará de hacerle seguimiento a este, el Punto 1 de lo convenido con las Farc.
Una petición que ha generado preocupación, ya que la Defensoría del Pueblo, en su balance de los diez años de la firma del Acuerdo Final, dice que “el avance en la entrega de tierras a través del Fondo mantiene una amplia brecha” frente al compromiso asumido.
Indica que, según el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, Siipo, “el acumulado es de 118.043,66 hectáreas adjudicadas a agosto pasado, equivalente al 3,93 % de los tres millones de hectáreas comprometidos para 2028 y al 7,78 % de la meta acumulada programada hasta el 2026, de 1.517.506 hectáreas”, por lo que urge a acelerar la adjudicación.
Pero si la distribución equitativa de la tierra es motivo de preocupación, todas las entidades encargadas de hacerle seguimiento a lo negociado en La Habana no cesan de llamar la atención por la violencia contra los firmantes de Paz.
Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado 501 asesinatos de excombatientes (entre ellos 12 mujeres, 66 indígenas, 59 afrocolombianos), así como 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. Y entre junio y septiembre de este año corroboró el homicidio de 8 reincorporados, sumando 13 en 2026.
“Persisten, asimismo, otras formas de violencia, como desplazamientos, estigmatización, extorsión centrada en los proyectos productivos y acoso de excombatientes tras la asignación de tierras, así como intentos de asesinato (5 registrados en 2025 y 15 en 2026)”, se lee en el informe de Naciones Unidas.
Y un artículo de la Universidad del Valle a propósito de los diez años del Acuerdo plantea que mientras la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad siga ‘siendo “‘un foro de discusión, más que un órgano con capacidad de acción’, ningún Gobierno futuro podrá proteger de manera sostenida los liderazgos sociales, los firmantes ni los procesos de reincorporación que de esa protección dependen”.
¿Y cómo va la JEP?
“Estamos contemplando la desolación que nos dejan unos criminales de guerra que están sembrando lechugas como castigo y las denuncias que estamos viendo sobre el desempeño de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha manejado sumas millonarias, nos hablan de viajes al exterior y de un edificio que el Estado lo hubiera podido comprar y hubiera salido muchísimo más barato que estar pagando arriendos por ocho años más o menos por una cifra que supera varias veces el valor del edificio. La cantidad de contratos de servicios de magistrados auxiliares, fuera del abuso de poder que se ha hecho desde esa Jurisdicción”.
Así responde Darío Acevedo, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, respecto del desempeño del ente de justicia transicional que creó el Acuerdo, mientras que Adolfo Álvarez, exdirector del Instituto de Investigación e Intervención de paz, de la Universidad del Valle, plantea que “parece que a la sociedad no le ha convencido ese tipo de justicia o de acciones de restauración”.
De su lado, Pizarro es contundente al afirmar que “a la JEP hay que exigirle una mayor austeridad económica y una mayor celeridad en los procesos”.
Pero destaca que el rol de la Jurisdicción “ha deslegitimado totalmente la lucha armada, al poner en evidencia que los grupos de origen político cometieron excesos como secuestro, reclutamiento de niños y delitos sexuales. También es positivo que mostró los excesos cometidos por las Farc, lo que ha incidido en el Partido Comunes, que ha recibido un duro castigo en su imagen. Pero también los excesos cometidos por integrantes de las Fuerzas Militares expuestos por la JEP han llevado a que estas tengan un mayor control sobre sus miembros, para que eso no se repita”. Lo cierto es que, según lo convenido hace una década, al Acuerdo de Paz le restarían cinco años para su implementación completa. ¿Se logrará?