Un reciente artículo publicado por The Wall Street Journal volvió a poner en el centro del debate internacional la situación de seguridad en Colombia durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El medio estadounidense advierte sobre un crecimiento acelerado de los grupos armados ilegales en el país, fenómeno que, según cifras oficiales de inteligencia citadas en el informe, ha llevado a que estas organizaciones casi dupliquen su número de integrantes en un lapso de tres años, alcanzando cerca de 25.000 hombres y mujeres en armas.
De acuerdo con la publicación, este aumento se habría producido en el contexto de las treguas militares decretadas por el Gobierno Nacional, las cuales, lejos de reducir la violencia, habrían sido aprovechadas por las estructuras armadas para reclutar nuevos miembros, fortalecer su logística y ampliar su capacidad ofensiva. El medio señala que estas pausas en las operaciones militares facilitaron la reorganización interna de los grupos ilegales en varias regiones del país.
The Wall Street Journal documenta también un incremento en los ataques contra la Fuerza Pública mediante drones cargados con explosivos, una modalidad que se ha venido replicando en distintas zonas del territorio nacional. Para profundizar en este fenómeno, el diario consultó al mayor general Juan Carlos Correa, uno de los altos mandos encargados de diseñar estrategias para contrarrestar este tipo de ofensivas.
“Cuando comenzaron los ataques con drones, el impacto fue bastante severo: la aparición repentina de una capacidad que, francamente, no estaba en nuestro radar”, afirmó Correa, al referirse al efecto sorpresa que generó esta tecnología en las fuerzas de seguridad. El informe resalta que, aunque la atención mundial se ha concentrado en el uso de drones en conflictos como el de Ucrania, organizaciones criminales en Colombia han incorporado silenciosamente estas herramientas gracias a su alto poder económico.
Esta capacidad tecnológica, según el medio, no solo les otorga una ventaja táctica frente al Estado, sino que dificulta las labores de control del narcotráfico, particularmente en las rutas de salida de cocaína hacia Estados Unidos. En este contexto, también se menciona la creciente presión del gobierno estadounidense —liderado nuevamente por el presidente Donald Trump— para que Colombia refuerce sus acciones contra el tráfico de drogas, en un escenario regional marcado además por las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
El medio estadounidense también hace referencia a Cali y su área metropolitana. Por su cercanía a corredores estratégicos del narcotráfico y zonas de cultivos ilícitos, la capital del Valle del Cauca enfrenta disputas territoriales entre pandillas y estructuras criminales en su periferia.
En medio de este panorama, el Gobierno colombiano confirmó el pasado 22 de diciembre que retomará la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, esta vez mediante drones que operarán a baja altura.