Radiografía de la seguridad en Colombia en 2025: Violencia y crecimiento de grupos ilegales marcan el cierre del año

El país está cerrando 2025 con deterioro en algunos indicadores de seguridad por el renacimiento de los grupos armados ilegales, que ha afectado las dinámicas de los homicidios en diferentes regiones y otros delitos de alto impacto, como el secuestro.

En la lucha contra estas estructuras, aumentó 98,7 % el asesinato a miembros de la Fuerza Pública.

Además, en el Pacífico colombiano la lucha por el control territorial por parte de actores criminales acentuó el conflicto en departamentos como Cauca y Nariño, donde las disidencias de las Farc y el ELN se fortalecieron, dejando a la población civil en medio de los enfrentamientos.

Por ello, expertos consultados por El País aseguraron que la estadística demuestra el incremento de la criminalidad en Colombia, por motivos como el debilitamiento del Estado en algunas regiones y el crecimiento de los grupos armados ilegales.

Expansión de grupos ilegales

Los grupos armados ilegales que dinamizan economías ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la minería no autorizada continúan expandiéndose por el país, disputándose territorios.

De acuerdo con un reciente informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam), elaborado por la Fuerza Pública, entre diciembre de 2024 y julio de 2025 hubo un aumento del 15 % en la cantidad de miembros de los Grupos Armados Organizados (GAO), lo que equivale a unas 3320 personas más vinculadas a estas estructuras.

Lo anterior significa que hasta junio pasado unas 25.278 personas hacían parte de estos grupos; el 48 % de ellas como integrantes fijos, mientras que el 52 % estaría en los grupos de apoyo, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz.

Según la abogada y exsecretaria de Seguridad de Cali María Ximena Román, el aumento de los militantes de estas estructuras se debe al amparo de la Política de Paz Total mientras continúan llevando a cabo su actividad delincuencial en todo el país, afectando especialmente a Cauca y Nariño.

“El Gobierno Nacional tiene mesas de diálogo internas y externas, ha nombrado gestores de paz a cabecillas y líderes de dichos grupos, ha dejado de realizar 22 extradiciones ya autorizadas por la Corte Suprema de Justicia y ha debilitado la operatividad de las Fuerzas Armadas debilitando los cuadros de mando y disminuyendo la inversión de recursos para tecnología, inteligencia técnica y operativa”, aseguró Román.

Cabe destacar que el informe Accam señala que el crecimiento de los grupos armados ilegales responde a sus dinámicas individuales.

Por ejemplo, el Clan del Golfo tiene por lo menos 8945 integrantes, un aumento del 18 % entre diciembre de 2024 y julio de 2025, con 794 nuevos miembros.

Por su parte, el ELN creció 3 % y tiene 6450 miembros. El autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias creció 20 %, según el informe, pasando de 3279 en diciembre de 2024 a 3919 en junio de 2025.

El Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias bajo el mando de ‘Calarcá Córdoba’ incorporó 387 personas y actualmente tendría 2802 miembros.

Sin embargo, Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, indicó que la cifra puede ser mayor, ya que las rentas ilegales son superiores al presupuesto estatal para la seguridad.

“Ellos tienen recursos limitados, no tienen ningún problema administrativo de gastárselos en contratar más gente, engañar a menores para reclutarlos y comprar resguardos y cabildos indígenas, entre otras acciones”.

Aumento en los homicidios

De acuerdo con el informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales, entre enero y octubre los homicidios intencionales aumentaron 3,2 % en todo el país, pasando de 11.036 en 2024 a 11.324 en 2025.

Según Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, el aumento de este delito en el país se debe al deterioro estructural y al reacomodo de los grupos ilegales.

“El reacomodo es la forma visible, es decir, más competencia, más fragmentación, más alianzas criminales, pero se monta sobre un deterioro estructural más profundo, que son las economías ilegales, disputas por corredores y una presencia estatal que es intermitente en ciertas regiones del país”, precisó.

Por lo anterior, Fernández indicó que esta dinámica estaría asociada a una expansión y “urbanización parcial del control criminal”, con disputas por rentas como extorsión y control de movilidad.

De acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, el Valle del Cauca, con 1919 homicidios entre el 1 de enero y el 31 de octubre, es el departamento más afectado. Le sigue Antioquia, con 1471 asesinatos; Cundinamarca y Bogotá, con 1325; Atlántico, con 706; Cauca, con 679; Norte de Santander, con 644. En el caso de Nariño, ocurrieron 228 delitos.

“Las estrategias de seguridad nacional no están funcionando; eso se evidencia en el incremento de delitos de alto impacto como homicidio y sobre todo lo que está ligado a terrorismo, tanto urbano como rural, en razón de agentes criminales como las disidencias de la Farc, el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el ELN”, aseguró Carvajal.

En el suroccidente del país estas acciones han generado zozobra en la población y, según María Ximena Román, “en la mayoría de los casos la relación entre el homicidio y el narcotráfico se debe a ajustes de cuentas y conflictos por la reorganización de los grupos, las rutas, los liderazgos y las alianzas”.

Uniformados asesinados

La lucha contra la ilegalidad en los territorios ha generado una profunda herida en la Fuerza Pública, pues entre enero y octubre 153 uniformados murieron en actos del servicio, un aumento del 98,7 % con respecto a 2024, cuando fallecieron 77.

Estos hechos enlutaron a Colombia, dado que héroes de la Patria, la mayoría jóvenes, fueron asesinados.

Antioquia, con 33 fallecidos, es el departamento con mayor afectación por este accionar delincuencial.

Cabe recordar que el 21 de agosto un helicóptero que transportaba policías que apoyaban actividades de erradicación de cultivos ilícitos fue derribado en Anorí, asesinando a trece de ellos.

Aunque las autoridades determinaron inicialmente que las disidencias de las Farc eran responsables, el ELN se atribuyó el hecho a través de un video.

Cauca, con 25 miembros de la Fuerza Pública asesinados, es el segundo, seguido por Norte de Santander, con 21; la mayoría murieron en medio de atentados terroristas o ataques selectivos.

Cabe mencionar que en abril el Clan del Golfo adelantó un ‘plan pistola’ contra los uniformados, en el que 31 de ellos murieron en menos de un mes.

De acuerdo con María Ximena Román, la Política de Paz Total del Gobierno Nacional permitió que los delincuentes pudieran delinquir “cegando la vida de nuestros militares y policías, más los ataques con drones, carros y motobombas con los que permanentemente atacan las estaciones”.

Según Carvajal, estas bajas se traducen en que los jóvenes no quieran hacer parte de la Fuerza Pública: “Hay que prácticamente convencerlos y persuadirlos con mejoras en sus carreras, como ha ocurrido en este Gobierno, una cosa que es muy positiva, porque mejoró muchísimo el ingreso del soldado y del policía raso”.

El secuestro no da tregua

Según el informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales en Colombia, el secuestro general pasó de 283 casos entre enero y octubre de 2024 a 559 en el mismo periodo de 2025, sumando un aumento del 98 % en las víctimas.

Para Román, el crecimiento de este crimen obedece a que los delitos conexos al narcotráfico “forman parte inseparable de esta dinámica, debido a que son instrumentos de presión, de ajustes de cuentas y de ejercicio de poder y demostración de capacidad de incidencia en los territorios”.

Las cifras del Ministerio de Defensa dan cuenta de que, en el caso del secuestro extorsivo, en los primeros diez meses del año se registraron 418 casos, mientras que en el mismo periodo del año anterior hubo 182, es decir, creció un 127 %.

Los expertos señalaron que estos delitos se relacionan con las economías ilegales de grupos armados, así como de bandas de delincuencia común que buscan adquirir recursos económicos.

El secuestro simple aumentó 42 %, pasando de 99 en 2024 a 141 en 2025. De acuerdo con el Mindefensa, los rescates aumentaron 16 % entre enero y noviembre de 2025; 4 personas murieron en cautiverio, 89 fueron liberadas por presión, 368 fueron liberadas por los grupos y seis personas se fugaron.

Actualmente, 25 ciudadanos permanecen secuestrados.

De otro lado, la extorsión disminuyó 10% entre enero y octubre de 2025, ya que se presentaron 11.273 denuncias por este delito, mientras que en el mismo periodo de 2024 hubo 12.542.

¿Esperanza en las negociaciones?

Nariño es uno de los principales escenarios de la Paz Total, ya que en ese departamento el Gobierno adelanta conversaciones con las estructuras Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Cneb), con las que se busca disminuir la violencia en esa región del sur del país.

Estos acercamientos permitieron que en abril los Comuneros del Sur entregaran más de 500 explosivos y comenzaran la sustitución de 5000 hectáreas de coca. En el marco de la mesa de diálogos de paz con la Cneb se acordó la entrega de armas en octubre y, un mes después, más de 14 toneladas de explosivos fueron destruidos.

Por ello, Iván Carvajal expresó: “Tengo esperanza de que esos procesos resulten. Tenemos el Frente 33 en el Catatumbo, que decidió empezar a conversar con el Gobierno (porque el ELN casi los extermina); tenemos los Comuneros del Sur, que son del ELN, aunque el Comando Central no los reconoce, pero si hay la voluntad, pues bienvenidos”.

A pesar de ello, el experto sostuvo que es pesimista en el sentido de que, si se logra una desmovilización, los territorios que actualmente ocupan esas estructuras serán tomados por otros grupos armados ilegales, ya que la intervención del Estado es deficiente.

Por su parte, María Ximena Román puntualizó que “quienes se han desmovilizado no han encontrado un plan de reincorporación que les permita reintegrarse a la vida, construyendo algún proyecto que les permita salir de los caminos de la violencia, obligándolos en muchos casos a retornar a un estilo de vida que los condena a la muerte”.