Familiares de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados por la extinta guerrilla de las Farc interpusieron la primera apelación contra la histórica sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el pasado 16 de septiembre impuso una sanción restaurativa de ocho años a siete exjefes del Secretariado por su responsabilidad en la política de secuestros.
La impugnación fue presentada por el abogado Juan Camilo Sanclemente, presidente de la Fundación Defensa de Inocentes (FDI), en representación de los familiares de las víctimas.
En el recurso se solicita la revocatoria total del fallo al considerar que la decisión presenta “graves deficiencias” que no cumplen con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz ni con los estándares internacionales de justicia.
La fundación advirtió que, aunque la sentencia reconoce la responsabilidad de los excomandantes, la sanción resulta desproporcionada frente al daño causado, además de que fue diseñada sin una participación efectiva de las víctimas. “El fallo carece de garantías reales de no repetición y no ofrece una verdad plena, detallada y exhaustiva sobre los hechos”, señaló la organización en un comunicado.
La apelación pide a la JEP emitir un nuevo fallo que incorpore los estándares de la Corte Penal Internacional (CPI) y que establezca sanciones proporcionales al nivel de los crímenes cometidos. Asimismo, invitó a otras víctimas del conflicto armado a considerar la CPI como una vía para buscar justicia frente a los delitos de lesa humanidad que, a su juicio, permanecen en la impunidad.
El fallo cuestionado condenó a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda a la sanción máxima contemplada por la justicia transicional: ocho años de restricciones a la libertad y trabajos con contenido reparador. Entre las obligaciones asignadas figuran la búsqueda de desaparecidos en cementerios del Valle, labores contra minas antipersonal, proyectos ambientales y acciones de memoria histórica.
Según la JEP, los comparecientes recibieron estas sanciones porque aceptaron responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad y aportaron a la verdad del conflicto. El magistrado ponente, Camilo Suárez Aldana, aseguró que la sentencia les exigía “mucho más que estar en la cárcel”, al obligarlos a enfrentar a las víctimas y trabajar en su reparación.
La investigación del Caso 01 estableció que las Farc implementaron el secuestro como política criminal con tres fines: financiar la guerrilla mediante extorsión, presionar al Estado para canjear prisioneros y ejercer control social y territorial sobre la población civil. La jurisdicción documentó prácticas como el encierro de rehenes en corrales de alambre de púas, descritos por los sobrevivientes como “jaulas” o “campos de concentración”.
La sanción será supervisada por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que advirtieron que cualquier incumplimiento podría derivar en la pérdida de beneficios y en penas ordinarias de cárcel.