Víctimas de las extintas Farc cuestionan la condena que impuso la JEP a miembros del Secretariado por tortura y secuestro

La sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete excomandantes de las extintas Farc por la política de secuestros continúa generando fuertes cuestionamientos. Las críticas se centran en las penas alternativas impuestas, consideradas insuficientes frente a la magnitud de los crímenes.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por esa guerrilla durante más de seis años, aseguró en entrevista con Blu Radio que la decisión “es una tarjeta de impunidad”. Según ella, los exjefes guerrilleros siguen justificando sus acciones y “menospreciando el dolor de las víctimas”.

Betancourt cuestionó que la condena no incluyera penas privativas de libertad. “La sentencia aplica penitencias, ni siquiera condenas, y todo lo pueden hacer terceros contratados por ellos”, afirmó. En su opinión, la JEP se convirtió en un tribunal parcializado a favor de los excomandantes, lo que envía un mensaje equivocado a quienes hoy continúan delinquiendo.

Víctimas y representantes también expresaron inconformidad. Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), señaló en W Radio que la decisión es una “vergüenza”. Recordó que su familia participó en audiencias, pero que la decepción fue total porque “la verdad no se estaba entregando”.

En la misma línea, el general retirado Luis Herlindo Mendieta, secuestrado por más de 12 años, indicó a la agencia EFE que los beneficios favorecieron únicamente a los victimarios.

“Se está beneficiando a los excomandantes para que paguen sus penas en sus casas o con burocracia”, dijo, agregando que persiste la falta de información sobre desaparecidos y secuestrados que nunca fueron entregados.

El fallo, emitido el 16 de septiembre de 2025, corresponde al macro caso 01, que investigó secuestros cometidos entre 1993 y 2016. En el proceso fueron acreditadas 4.325 víctimas de un total de más de 21.000 registradas. Para varios afectados, la baja participación refleja una falta de escucha real por parte del tribunal.

Además de Betancourt, otras voces se sumaron a las críticas. Su excompañera de cautiverio, Clara Rojas, sostuvo que “queda la sensación de falta de proporcionalidad con la dimensión del daño causado”. Aunque dijo respetar la decisión, cuestionó que solo una fracción de las víctimas haya intervenido en las audiencias.

Los excomandantes sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La JEP los declaró responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Las sanciones contemplan ocho años de trabajos restaurativos como búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario, proyectos ambientales y actos simbólicos de reparación. Según el magistrado Camilo Suárez Aldana, la sentencia obliga a los exFarc a aportar verdad y trabajar en beneficio de las víctimas, bajo vigilancia y con restricciones de movilidad.