Revelan tres contratos de la hermana de Juliana Guerrero con el Gobierno Petro: no aparecen informes de gestión

Una investigación periodística reveló que Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, obtuvo tres contratos por contratación directa con entidades del Gobierno de Gustavo Petro, entre ellos uno relacionado con la atención de las comunidades indígenas de La Guajira.

Aunque recibió la totalidad de los recursos acordados, no se habrían encontrado informes de gestión que permitan verificar las actividades que desarrolló durante la ejecución de esos convenios.

Los vínculos, establecidos con el Ministerio del Interior y Colombia Compra Eficiente, contemplaban labores de apoyo administrativo y actividades relacionadas con compromisos institucionales hacia poblaciones vulnerables.

La información fue expuesta por Semana, que revisó los contratos y la documentación disponible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

Según la publicación, uno de los acuerdos estaba relacionado directamente con las acciones estatales dirigidas a las comunidades indígenas de La Guajira, mientras que los otros dos correspondían a labores de apoyo para la Agencia Nacional de Contratación Pública.

El principal cuestionamiento alrededor de estos vínculos está relacionado con la falta de soportes que permitan establecer qué actividades realizó la contratista. De acuerdo con la investigación, no fue posible localizar informes de gestión a nombre de Verónica Guerrero, pese a que los pagos correspondientes a los contratos sí fueron efectuados en su totalidad.

Sobre sus actividades laborales

Uno de los acuerdos que concentra la atención estaba vinculado con las responsabilidades del Estado frente a las comunidades indígenas de La Guajira, particularmente por los compromisos establecidos en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional.

Mediante ese fallo, el Alto Tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional debido a las vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales de la población wayúu. Entre las problemáticas identificadas se encontraban las dificultades de acceso al agua potable, la alimentación y los servicios de salud.

El contrato de Verónica Guerrero estaba relacionado con el acompañamiento a las acciones institucionales encaminadas a responder a esas necesidades. Sin embargo, uno de los aspectos señalados por Semana es que no se encontraron documentos que permitieran comprobar el trabajo que habría desarrollado en cumplimiento de esas funciones.

La publicación también puso el foco en el perfil de la contratista al momento de obtener esa vinculación. Según los datos expuestos, Guerrero tenía 24 años, había culminado sus estudios de bachillerato y contaba con pocos meses de experiencia laboral, acreditados por la Fundación Raíces Afro.

Pese a esa trayectoria, fue vinculada para desarrollar actividades relacionadas con la gestión pública y el cumplimiento de compromisos estatales con una población que enfrenta dificultades estructurales en el acceso a derechos básicos.

La investigación también identificó otros dos contratos que Verónica Guerrero suscribió con Colombia Compra Eficiente durante el gobierno de Gustavo Petro. A diferencia del acuerdo relacionado con La Guajira, estos estaban enfocados en labores administrativas, logísticas y de divulgación sobre los servicios de la Agencia Nacional de Contratación Pública.

El primero de esos vínculos fue firmado el 7 de octubre de 2022. El acuerdo tenía un valor de seis millones de pesos y establecía un periodo de ejecución de 85 días.

Luego, el 20 de febrero de 2023, se formalizó un segundo contrato con el mismo objeto. En esta oportunidad, el monto se acercaba a los 13 millones de pesos y el plazo establecido era de 182 días.