Durante un evento público, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, protagonizó un momento que rápidamente desató una ola de reacciones en redes sociales y entre distintos sectores del país.
En su intervención, el ministro afirmó que “todo niño o niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado”, en el marco de una discusión sobre la vacunación contra la fiebre amarilla.
Las palabras del jefe de la cartera de Salud no solo sorprendieron a los asistentes, sino que encendieron las alarmas entre autoridades, juristas y ciudadanos que cuestionan el alcance legal de tal afirmación.
Además, el ministro señaló que, en caso de que un padre o madre se niegue a vacunar a sus hijos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tendrá que intervenir.
Polémica en el sector político
Frente a estas afirmaciones, varias voces han manifestado su preocupación, entre ellas la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, quien calificó las palabras del funcionario como “un grave error”.
Pues Plazas recordó que, según el ordenamiento jurídico colombiano, la patria potestad pertenece a los padres y no al Estado.
“Esto no solo es falso, sino que es peligrosamente autoritario. La patria potestad es de los padres, lo dice el Código Civil. El Estado protege, no reemplaza”, aseguró, al tiempo que pidió un pronunciamiento urgente por parte del ICBF para aclarar si el Gobierno contempla algún tipo de reforma constitucional en este sentido.
Además, Plazas insiste en que aún no hay respuesta de la entidad frente a este tema. Lo que genera, en algunos, preocupación de dar por hechas las palabras del ministro.
Con una opinión similar, la senadora María Fernanda Cabal, resaltó que “los hijos no son del Estado” y calificó la idea de que el Gobierno pueda sustituir el rol de los padres como una visión propia de “regímenes totalitarios”. Cabal también hizo un llamado a la ciudadanía, afirmando que “las familias colombianas no están solas”.
Por otro lado, las autoridades de salud han reiterado el llamado a la vacunación.
Pues Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, explicó para medios de comunicación locales que la fiebre amarilla es una enfermedad prevenible mediante inmunización, y que los recientes brotes han encendido las alertas.
“Tenemos los datos de las personas que han fallecido sin vacunar“, explicó la funcionaria con el propósito de invitar a la comunidad a vacunarse, manifestando que este es un derecho a la salud.
Finalmente, el debate reabre una discusión de fondo sobre los límites del Estado en esta problemática y el equilibrio entre el interés público en salud y los derechos constitucionales de las familias.