La Fundación Universitaria San José se pronunció oficialmente este martes 10 de febrero, tras el llamado a imputación de cargos anunciado por la Fiscalía General de la Nación contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución, en un proceso relacionado con presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos que habrían sido utilizados para acceder a un puesto en el Gobierno Nacional.
El ente acusador informó el pasado lunes 9 de febrero que imputará a ambos por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, y que solicitará una medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías.
La investigación gira en torno a los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que Juliana Guerrero presentó para su designación como viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
De acuerdo con la Fiscalía, los documentos académicos habrían sido expedidos sin que se cumplieran los requisitos legales exigidos para su obtención.
La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que los títulos fueron emitidos el 1 de julio de 2025 y publicados en el sistema correspondiente en agosto del mismo año, pese a que, según el material probatorio, no existían soportes que acreditaran el cumplimiento del plan de estudios, la asistencia a clases ni la presentación de las pruebas académicas obligatorias, incluidas las Pruebas Saber.
El caso tomó relevancia pública meses después, cuando la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció presuntas anomalías en la obtención de los títulos, señalando la ausencia de registros académicos. Tras conocerse la denuncia, la Fundación Universitaria San José adelantó una revisión interna y posteriormente anuló los diplomas otorgados a Guerrero, al concluir que no se habían cumplido los requisitos exigidos por la normatividad vigente.
En este contexto, la institución educativa emitió un nuevo comunicado este martes, en el que confirmó que ya entregó a la Fiscalía General de la Nación los resultados y conclusiones preliminares de una auditoría interna, documentos que ahora hacen parte del proceso penal en curso.
Según informó la universidad, el informe fue radicado el 9 de febrero de 2026 como parte de un proceso de auditoría interna iniciado previamente y anunciado de manera pública, con el objetivo de realizar una revisión minuciosa de sus procesos institucionales e identificar posibles irregularidades al interior de la entidad.
La institución precisó que dicha entrega se suma a la denuncia penal que esta misma presentó y que busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades individuales.
En su pronunciamiento, la Universidad San José aseguró que cualquier práctica que, dentro del debido proceso, sea establecida como irregular no corresponde ni ha correspondido a sus políticas institucionales.
Asimismo, reiteró que todas sus actuaciones se enmarcan en la normatividad vigente y en los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades competentes.
La institución también destacó que continuará colaborando con las autoridades judiciales y fortaleciendo sus mecanismos internos de control, verificación y mejora continua, como parte de su responsabilidad con la comunidad educativa y con el país.
En ese sentido, celebró que el llamado a imputación realizado por la Fiscalía sea resultado de una contribución efectiva, rápida y transparente por parte de la universidad con las autoridades del Estado.
Finalmente, la Fundación Universitaria San José ratificó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el servicio público, y señaló que seguirá adoptando las acciones internas pertinentes mientras avanza el proceso judicial.
La institución expresó su expectativa de que la información entregada permita esclarecer plenamente los hechos, proteger la confianza pública y salvaguardar el buen nombre y la trayectoria de la comunidad universitaria.